El Gobierno anula las concesiones de la TDT del año 2010

Las cadenas que comenzaron a funcionar después del apagón analógico están en estos momentos anuladas. El Consejo de Ministros anunciaba ayer por sorpresa la suspensión de las licencias que emitieron tras la ampliación del espacio de la TDT para los operadores nacionales, acatando una sentencia del Tribunal Supremo, publicada el pasado diciembre, que decretaba nulas aquellas concesiones (un múltiplex añadido a cada corporación que contaba con licencia, sin media concurso). El dictamen daba la razón a una empresa que recurrió la designación directa, Infraestructuras y Gestión 2002, ajena al actual mercado nacional audiovisual. Una nueva metedura de pata que deja como herencia el mandato de Rodríguez Zapatero, cuando amplió de forma automática la TDT con quienes la venían explotando desde el año 2005. Atresmedia (fusión de La Sexta y Antena 3) quedaría afectada con la pérdida de las tres nuevas licencias que se pusieron en marcha después de julio de 2010, cuando se decretó esa ampliación (Nitro, Xplora y La Sexta 3); Mediaset perdería dos canales (los que ocupan Nueve y Energy); y la situación se complica con Unidad Editorial (El Mundo) y con Vocento, que tienen alquiladas sus señales, tras fracasar estrepitosamente sus proyectos televisivos, y que han repartido entre Mediapro (Marca TV), Discovery Channel, la Conferencia Episcopal (13 TV) o Paramount, que pagan por disfrutar de esas concesiones. El Gobierno tiene ahora la pelota en su poder: un poder para decidir de forma directa si amplía la moratoria que mantiene el actual panorama; o alterar ese reparto de cadenas, utilizándolo de forma interesada y convocando un concurso.

La anulación anunciada ayer por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha producido también ante la próxima operación sobre la TDT, el llamado dividendo digital, la reconfiguración de toda la franja para destinar espacio a las empresas de telefonía, con un millonario negocio para las necesitadas arcas públicas. El dividendo, con su consiguiente reantenización, ya vislumbraba una pérdida de canales que con la anulación obliga a una negociación que por ahora había hallado la reticencia de los grupos privados. Sáenz de Santamaría apuntó que este proceso abierto no puede obstaculizarse y que deberá completarse en los próximos meses. La intención del Gobierno es reordenar la TDT a finales de año para liberar dicha franja. RTVE podría perder un múltiplex y el Ministerio de Industria brindó que entre las privadas se perdieran dos múltiplex, repartidos entre las cinco licencias originarias. La sentencia obligaría, tal vez, a emprender lo que hasta ahora era una opción política.

El colectivo que engloba a las cadenas privadas, UTECA, recurrirá la sentencia y denunciaba ayer que esta situación coloca "a los operadores de televisión y a todo el sector audiovisual en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes". Las cadenas privadas muestran su sorpresa ante lo que entienden como una actuación contradictoria a lo que le venían argumentando desde el Gobierno y recuerdan el gran desembolso, de infraestructuras y de contenidos, que les supuso ampliar el número de canales y e a la asignación de nuevos canales.

El Tribunal Supremo interpretó que la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en marzo de 2010, suponía un nuevo régimen audiovisual que exigía que la emisión en la TDT debía obtener se por concurso, lo que daba la razón a la empresa demandante, y que ha venido a dinamitar un panorama ya vapuleado por la crisis.