Bruselas quiere prohibir la vigilancia masiva en tiempo real en lugares públicos

Inteligencia artificial

La Comisión Europea presenta una propuesta para regular el uso de los sistemas de inteligencia artificial que considera de alto riesgo

Entre ellos se encuentran los métodos de identificación biométrica

Reconocimiento facial
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Agencias

21 de abril 2021 - 18:31

Bruselas/La Comisión Europea (CE) aprobó este martes una propuesta para prohibir la vigilancia masiva de personas en tiempo real en lugares públicos, salvo en determinadas circunstancias autorizadas por un juez. El Ejecutivo comunitario presentó un reglamento para regular el uso de los sistemas de inteligencia artificial que considera de alto riesgo, entre los que se encuentran los métodos de identificación biométrica, que quiere prohibir.

Aun así, Bruselas permitirá que las autoridades públicas empleen estos métodos de control para en casos como "la búsqueda selectiva de posibles víctimas de delitos, incluidos los niños desaparecidos"; "la prevención de una amenaza específica a la vida o la seguridad física de personas físicas o de un ataque terrorista". "No esperamos que esto se use de forma habitual. Esta propuesta no es una base legal" para emplear estos sistemas de vigilancia, dijo la vicepresidenta de la CE para la Era Digital, Margrethe Vestager.

"Si un Estado miembro quiere permitirlos en estas específicas y limitadas circunstancias, primero tendrá que aprobar su propia legislación". El uso de estas excepciones requerirá de un permiso judicial previo, aunque el reglamento permite que "en una situación de urgencia debidamente justificada, el uso del sistema podrá iniciarse sin autorización", que "podrá solicitarse durante o después del uso".

Modificación del comportamiento

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, dijo que Bruselas quiere regular el uso de la inteligencia artificial, porque a pesar de que ofrece "un inmenso potencial en áreas tan diversas como la sanidad, el transporte, la energía, la agricultura, el turismo o la ciberseguridad (...) también presenta una serie de riesgos". "La propuesta garantiza que se respeten nuestros valores y reglas", aseguró Breton.

Además de prohibir los sistemas de vigilancia en espacios públicos, el reglamento -que requiere aun el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo de la UE- tampoco permite los métodos que usan "técnicas subliminales (...) para distorsionar materialmente el comportamiento de una persona de una manera que pueda causarle daño físico o psicológico".

Usos permitidos

Bruselas considerará también de alto riesgo los sistemas de inteligencia artificial que se empleen para garantizar la seguridad en la gestión de infraestructuras públicas -como las carreteras o el suministro de agua, gas y electricidad. Tendrán también esta calificación los sistemas que se puedan utilizar para enviar servicios de emergencia (como pueden ser los bomberos); las que se empleen para la contratación de personas; la prevención de delitos o el examen de los solicitantes de asilo.

Sin embargo, todos estos usos estarán permitidos siempre que cuenten con autorización de las autoridades nacionales o los propios proveedores puedan demostrar que sus sistemas técnicos cumplen las normas europeas.

"La inteligencia artificial es una oportunidad fantástica para Europa. Todos los ciudadanos merecen tecnologías en las que podamos confiar", dijo en Twitter la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen.

Para quienes incumplan la normativa, la CE prevé multas de hasta un máximo de 30 millones de euros o el 6% de los ingresos anuales de una empresa, en función de cuál de los dos criterios sea el más elevado y se aplicará a todos los proveedores o usuarios dentro y fuera de la UE.

El reglamento "tiene como objetivo fortalecer la posición de Europa como un centro global de inteligencia artificial (...), garantizar que la inteligencia artificial en Europa respete nuestros valores y reglas, y aprovechar el potencial para uso industrial", dijo Breton.

La Comisión quiere crear la Junta Europea de Inteligencia Artificial, formada por las autoridades de supervisión de los Estados miembros y el propio Ejecutivo comunitario, que se encargará de vigilar el cumplimiento de este reglamento.

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