El Gobierno turco pide abandonar WhatsApp por su nueva política de privacidad
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Ankara clama contra lo que llama "fascismo digital" y quiere que sus ciudadanos usen una aplicación local participada por el Estado
Cómo nos afectan los cambios en las condiciones de uso de WhatsApp
Estambul/El Gobierno turco recomienda dejar de usar WhatsApp para luchar contra lo que llama "fascismo digital", por los próximos cambios en sus condiciones de uso, y ha pedido a los ciudadanos sustituirla por un sistema desarrollado por una empresa participada por el Estado.
"Las aplicaciones de origen extranjero contienen riesgos importantes para la seguridad de nuestros datos. Debemos proteger nuestros datos con software local desarrollado para nuestras necesidades", señala la Presidencia turca en un comunicado en el que recuerda que WhatsApp es parte del grupo de empresas de Facebook y gestiona sus datos.
"Debemos luchar juntos contra el fascismo digital", añade esa nota, publicada por la Oficina de Transformación Digital de la Presidencia de la República de Turquía en Twitter.
La petición llega después de que la aplicación de mensajería propiedad de Facebook anunciara un cambio en sus términos de uso que amplía los datos que recopila y comparte con el resto de empresas del grupo.
El Gobierno ha recomendado usar sistemas de mensajería de desarrollo local, como BIP, y ha anunciado que trasladará los grupos de WhatsApp de las autoridades a esta aplicación, propiedad de la compañía de móviles Turkcell, una empresa de la que el Estado turco posee un 25%. En las últimas 24 horas, más de 1,1 millones de personas se han descargado la aplicación BIP, según datos de la agencia Anadolu.
Turquía aprobó recientemente un cambio del ley que obliga a las redes sociales a almacenar los datos de sus usuarios en Turquía en servidores ubicados físicamente en el país. En el último mes, la Autoridad de Tecnologías de la Información y Comunicación (BTK) impuso multas de tres millones de euros a una decena de empresas, entre ellas Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, por incumplir esa normativa.
Amnistía Internacional ha denunciado que la ley aumenta el poder del Gobierno para censurar contenido en la red y enjuiciar a los usuarios.
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