Bruselas abre una investigación a las tiendas de aplicaciones de Apple y Google
Tecnología
La Comisión Europea solicita información para comprobar si la App Store y la Play Store cumplen con la Ley de Servicios Digitales, que fija nuevos criterios de transparencia a los algoritmos de las grandes plataformas
Un jurado concluye que Google infringió las leyes antimonopolio en la Play Store y perjudicó a Epic Games
Bruselas/La Comisión Europea abrió una investigación a Apple y otra a Google para saber hasta qué punto sus tiendas de aplicaciones móviles (App Store y Play Store, respectivamente) cumplen con la Ley de Servicios Digitales, que fija nuevos criterios de transparencia a los algoritmos de las grandes plataformas.
En concreto, Bruselas les pidió más información sobre cómo han garantizado que las empresas que ofrecen aplicaciones móviles a través de sus plataformas no plantean un riesgo para los ciudadanos.
También les reclamó información para saber si cumplen con los requisitos de transparencia sobre la publicidad en línea y sobre los sistemas que recomiendan productos a los ciudadanos.
Ambas tendrán que proporcionar la información solicitada antes del próximo 15 de enero y si es insuficiente, Bruselas podría aplicar medidas cautelares contra las compañías. Unas medidas que "no irían más allá de lo necesario para prevenir daños graves" y que estarían limitadas en el tiempo, aunque se podrían renovar "si fuera necesario y apropiado", según establece la ley.
Si al término de la investigación Apple y Google siguieran incumpliendo la normativa europea, Bruselas podría imponerles una multa y, como medida de último recurso, podría pedir a las autoridades judiciales que prohíban a dichas plataformas en la UE.
La Ley de Servicios Digitales
Es la décima investigación que Bruselas abre contra ambas tecnológicas en relación a la Ley de Servicios Digitales. La normativa obliga a las plataformas online designadas como muy grandes, como es el caso de Google y Apple, a llevar a cabo una evaluación y mitigación diligente de cualquier riesgo sistémico relevante para sus servicios.
En especial deben observar las amenazas relacionadas con la difusión de contenidos ilícitos y nocivos, sus efectos negativos en el ejercicio de los derechos fundamentales, así como cualquier efecto negativo en la seguridad pública, la salud pública y los menores.
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