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El ministro de Derechos Sociales y el rector participan en el curso sobre nuevas expresiones de precariedad

CURSOS DE VERANO ‘OLAVIDE EN CARMONA’ 2024

Francisco Oliva ha destacado que se ha conseguido un plan de incorporación de 5600 ayudantes doctores a las universidades en nuestro país

El ministro de Derechos Sociales y el rector participan en el curso sobre nuevas expresiones de precariedad / Pablo de Olavide

28 de junio 2024 - 01:00

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy y el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, han participado hoy en el curso “Nuevas expresiones de precariedad y su impacto social y político”, junto a Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía y Carlos Aristu, secretario general de CCOO de Sevilla. Dicho seminario ha sido celebrado desde ayer dentro del marco de la 22 edición de los cursos de verano de Olavide en Carmona.

Durante el curso, que ha estado dirigido académicamente por Laura López de la Cruz, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide y por José Manuel Torres Ayala, secretario de Comunicación, Formación y Juventud de CCOO de Sevilla, se ha realizado un acercamiento a las nuevas expresiones de precariedad laboral y se ha analizado cómo afectan a las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, a niveles como la vivienda o la salud, y qué implicaciones tiene esta realidad para la Democracia.

El ministro ha asegurado que es “un honor asistir en este marco incomparable al curso de verano organizado por la Universidad Pablo de Olavide y CCOO donde vamos a debatir la realidad de la desigualdad, la precariedad y la pobreza en nuestro país, y sobre cuál es la agenda política y sindical para luchar contra estos tres fenómenos que están incidiendo de manera muy negativa en la estabilidad de nuestras democracias y en las perspectivas de vida sociales y trabajadoras”.

En este sentido, ha declarado que “hasta un tercio de los niños y niñas que viven en España viven en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. 450.000 niños y niñas y adolescentes en Andalucía están en esta situación. Para ello, hemos planteado de cara a la negociación en los Presupuestos Generales del Estado una prestación universal por crianza que ya existe en 17 países en Europa y que podría reducir las cifras de pobreza infantil a la mitad de manera inmediata. Y de la otra mitad que persistiría, reduciría la severidad de esa pobreza en un 40 por ciento”.

“Es intolerable que la cuarta economía de la zona euro consienta esos niveles de exclusión social y pobreza infantil como los que se presentan todavía en nuestro país”, ha señalado. 

Por otro lado, Francisco Oliva ha señalado que “las universidades públicas españolas tenemos uno de los más dudosos retos de precariedad de todo el sistema español de trabajo, un 49 por ciento de precariedad del profesorado que trabaja con nosotros”. En el caso de la UPO, ha declarado que cuando empezó su mandato se encontraba en un 52 por ciento de precariedad laboral y que se ha conseguido bajar hasta un 42 por ciento.

“Esta mejora la hemos realizado a pulmón porque no tenemos ningún tipo de ayuda. La causa por la que se llegó a esta precarización en las Universidades fue la gran recesión de 2008 y las políticas de austeridad, que nos impuso una tasa de reposición 0, lo que nos llevó a que en Andalucía tuviéramos que recurrir, para salvar la educación superior pública, y no dejarla caer, a las contrataciones más precarias que hay, que son las de profesorado sustituto interino”.

Para mejorar las condiciones del profesorado, “hemos conseguido desde la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas, tras las negociaciones con la ministra Diana Morant, un plan de incorporación de 5600 ayudantes doctores en nuestro país, lo que implica que vamos a hacer un proyecto de incorporación de personas a la Universidad con sueldos dignos y con estabilidad laboral”.

Por último, ha señalado que las Universidades andaluzas, junto con las organizaciones sindicales, han conseguido un acuerdo con la Junta de Andalucía para “ganar en derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras, concretamente los complementos autonómicos que se van a reconocer al profesorado y, por primera vez, carrera horizontal en Andalucía para el personal técnico de administración y servicios de las universidades públicas”.

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