Prioritario y urgente: garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria

El efecto mariposa, un concepto de la teoría del caos, sostiene que el aleteo de un insecto en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Es decir, una leve perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. En este caso, no está siendo leve la guerra entre Ucrania y Rusia, como tampoco lo están siendo sus efectos, especialmente en Europa. En un mundo globalizado, los impactos de cualquier índole tienen efecto dominó y este conflicto bélico está haciendo temblar los cimientos socioeconómicos del viejo continente y, por ende, trastocando el orden mundial.

En este contexto de incertidumbre nos encontramos, además, con que la alimentación, básica para la sociedad, se encuentra en el punto de mira. Ya lo estaba antes de la invasión de Rusia, ahora se ha agravado y ya hablamos de una crisis alimentaria que puede ser devastadora. Y no sólo lo decimos nosotros, que llevamos años denunciando que se está entregando la alimentación a los fondos de inversión y mercados financieros, sino que un líder de opinión de esa élite financiera, Larry Fink (CEO de BlackRock), ha alertado de que se está hablando mucho de los precios de la gasolina mientras no se presta atención al acuciante riesgo que supone una comida con precios prohibitivos. Según Fink, las dramáticas subidas de los precios del petróleo y otras materias primas tras la invasión rusa de Ucrania han distraído del impacto duradero y más peligroso de la inflación alimentaria.

Por otro lado, y en cuanto a la reforma de la PAC, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ya advirtió que el impacto de la implantación de esta estrategia europea “supondrá la reducción de la capacidad productiva y de los ingresos de los productores por el incremento de los costes, además de que repercutirá en la balanza comercial”, así como que la reducción en la producción de alimentos en la UE tiene efectos macroeconómicos: “aumentan los precios (se estima un 17% en la UE y un 9% a nivel mundial), lo que provocará que 22 millones de personas sufran inseguridad alimentaria”.

La guerra ha destapado lo que ya se venía cociendo desde hace mucho. Se ha puesto en evidencia que, progresivamente, se ha incentivado desde las políticas agrarias el desmantelamiento del tejido productivo para dejar margen de actuación a los mercados financieros, poniendo en jaque la soberanía y la seguridad alimentaria.

El Covid ya nos mostró lo que pasa cuando dependemos de la producción y abastecimiento de países extracomunitarios con la falta de mascarillas en plena pandemia. Ahora con la guerra en nuestro propio continente nos damos cuenta de la gran dependencia alimentaria de países terceros. Es sangrante que estas ataduras se hayan establecido al mismo tiempo que se incentivaba que los agricultores europeos produjeran menos, con la obligatoriedad de cumplir a rajatabla exigentes normativas que son ignoradas cuando se trata de importar productos agroalimentarios de países extra comunitarios.

¿Quién sale ganando en este maremágnum? Las grandes multinacionales que operan en el mercado agroalimentario mundial, mientras que nuestro tejido productivo, el más importante de Europa, se empobrece y muere por el abandono de agricultores y ganaderos arruinados por los precios a la baja en origen, también derivados de la entrada de producto de fuera sin control y sin exigencias. Solo en el último año han saltado más de 300 alertas sanitarias de productos agroalimentarios que se han colado en Europa con sustancias prohibidas perjudiciales para la salud.

Se trata de una situación de dumping económico, social y medioambiental que ya no sólo machaca a los productores, sino que ha trascendido a niveles de crisis alimentaria ante los últimos acontecimientos. La realidad es la que es: Europa ha dejado la alimentación en manos de la especulación. Consecuencias: precios de los alimentos por las nubes, nuestro tejido productivo muy castigado y al borde de la desaparición (con este panorama no hay suficiente relevo generacional) y una gran dependencia de países terceros que además nos hacen competencia desleal.

Ante la gravedad de la situación, desde COAG Andalucía reclamamos la defensa y el impulso del modelo social y profesional de agricultura, que es el que tenemos en Andalucía, para hacer frente a la crisis alimentaria que ha acelerado la guerra en Ucrania. Un modelo social y profesional que mantiene vivos nuestro pueblos, que genera economía y empleo en nuestro medio rural, que fija población al territorio, que es sostenible y que contribuye a la conservación del medio ambiente.

Tenemos claro que lo primero que hay que hacer es paralizar la reforma de la PAC y replantear la política agraria común, tener unos objetivos claros de producción propia atendiendo a ese modelo social y profesional, y planificar medidas que solventen las dificultades de los agricultores y ganaderos, como la sequía y los inasumibles costes de producción que derivan del actual contexto económico. Ya no tiene sentido seguir la senda marcada con anterioridad a este cambio geopolítico.

Si cambia Europa, debe cambiar la PAC. El propio el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, ya dijo en marzo, tras una reunión especial con los ministros de la UE a raíz de la crisis de Ucrania, que si la seguridad alimentaria está en peligro, tendrían que volver a analizar los objetivos de la estrategia de la Granja a la Mesa, eje de la nueva PAC, y corregirlos.

Por lo tanto, insistimos en que es urgente y prioritario garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de Europa, y eso pasa sin lugar a dudas por incentivar el tejido productivo y que se pueda sembrar hasta el último metro.