Torturas, lesiones y agresiones sexuales en un centro de menores de Zaragoza

Zaragoza/La titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Calatayud ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el director y cuatro trabajadores del centro de atención a menores de Ateca (Zaragoza) como presuntos responsables de los delitos de lesiones, torturas y agresión sexual sufridos por varios de los jóvenes ingresados en el centro, además de corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la jueza considera responsables de estos delitos a dos educadores y a otros dos auxiliares del centro así como al director de la institución como cooperador necesario en los hechos al tratar de ocultarlos a los servicios sociales del Gobierno aragonés y a las familias de los menores.

En su auto, la magistrada considera que existen indicios suficientes de criminalidad para considerar a los detenidos responsables de los hechos imputados, conclusiones a las que llega a partir de las pruebas practicadas a los dos menores que provocaron el inicio de la investigación con sus denuncias por vejaciones diversas.

Según la jueza, estos menores "han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridas de forma continuada y permanente en el tiempo y de cuya existencia era conocedor el director del centro".

El papel del director del centro

Sobre la implicación del director de la institución, Iván R.M., la instructora valora el hecho que desde su llegada al centro, el año pasado, no sólo mantuvo una actitud de "despreocupación absoluta" acerca de la situación de los menores, sino que protegió al resto de detenidos al no acordar en ningún momento correcciones y sanciones para castigar su comportamiento.

También señala que la investigación que inició el director a partir de la primera denuncia recibida fue "incompleta y parcial", hecho corroborado, señala, por las manifestaciones hechas por la psicóloga del centro y de un enfermero, que se negó a elaborar un informe falso sobre el alcance de las lesiones sufridas por el menor.

Respecto a los otros cuatro detenidos, Mohamed B, Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R.A., la magistrada valora los relatos aportados por los dos primeros denunciantes en relación a los tratos degradantes sufridos de forma constante y reiterada.

Los abusos

En concreto, el auto relata uno de los menos denunciantes manifestó que le obligaron a estar de pie durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimentos a lo largo de dos días y que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le fuera permitido asearse.

Por su parte, la menor denunciante destacó, según recoge el escrito de la juez, que desde su llegada al centro la insultaban y le hacían comentarios de carácter sexual acerca de su madre, además de agredirla de forma injustificada con bofetadas, empujones y quemaduras de cigarrillos en los brazos y en las piernas, heridas éstas que la jueza reconoce haber podido apreciar en las extremidades de la joven.

Para la magistrada, todos estos indicios son prueba "de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo, viéndose absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos, ya que los detenidos siempre les recriminaban que nadie les creería y que no los querían ni sus familias".

Considera, además, que las lesiones manifestadas por las víctimas están corroboradas por los informes forenses preliminares aportados a la causa, "sin perjuicio -añade- de derivar a los mismos a una exploración pericial y psicológica completa en aras de precisar el alcance de las lesiones físicas y psicológicas sufridas".

Ordena el cierre del centro

En paralelo a las órdenes de prisión, la juez ha decretado el cierre provisional del centro de menores de Ateca, concertado con el Gobierno aragonés, hasta el esclarecimiento de los hechos, así como el cese del periodo de internamiento para los cinco menores residentes, que prevé hacer extensivo a otros nueve fugados de la institución.

Ha solicitado a la Guardia Civil la localización de los menores fugados para tratar de determinar si también pudieron ser víctimas de las agresiones y abusos sufridos por los denunciantes.

La investigación judicial se inició a raíz de la interposición de las denuncias por parte de dos de los menores ingresados en el centro.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, los detenidos han negado ante la responsable judicial los hechos imputados por los menores del centro, en el que eran acogidos, por orden judicial, jóvenes con problemas de comportamiento y actitudes agresivas y con entornos familiares problemáticos.

El letrado de dos de los detenidos, el abogado Juan Manuel Martín Calvente, ha comunicado a EFE su intención de recurrir las órdenes de prisión dictadas contra sus clientes.