La reforma de la ley del aborto o el regreso a los tiempos del vuelo chárter

Abortar en España será más difícil cuando entre en vigor la reforma de la ley del aborto que impulsa el Gobierno y cuyo anteproyecto aprobó el viernes el Consejo de Ministros causando gran revuelo. La norma, más restrictiva que sus antecesoras de 1985 y 2010, deja fuera las malformaciones del feto como supuesto para la interrupción voluntaria del embarazo y convierte el derecho a abortar en un delito que sólo se despenaliza en dos casos: violación y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.

El principal temor de los sectores progresistas es que se disparen los abortos clandestinos y la norma provoque un "éxodo abortivo" solo apto para mujeres con poder adquisitivo. Las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo advierten que aumentará "la morbilidad y mortalidad" de las gestantes que se sometan a una interrupción del embarazo en condiciones poco seguras.

Así lo subrayan también desde el PSOE. "Quien no tenga recursos (para abortar fuera del país) va a pasar a la clandestinidad, al peligro y al miedo", alertó su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Durante las décadas de los 60 y los 70, en plena dictadura franquista (1939-1975), eran muchas las mujeres que salían de España en un vuelo chárter para abortar clandestinamente, con Londres como principal destino.

Ahora, los especialistas alertan de que en caso de un diagnóstico tardío de una patología fetal que no sea mortal, pero sí muy grave, las mujeres tendrán que volver a viajar al extranjero, con el consiguiente riesgo para su salud y un importante coste económico.

Las asociaciones pro vida también consideran que ley no reducirá el número de abortos "significativamente" en el país. "La mujer que quiera abortar va a poder hacerlo aunque le vaya a costar un poquito más", explicaron desde la plataforma Derecho a vivir.

Lo que se consideraba un derecho en la ley actualmente en vigor pasa a ser un delito en la nueva norma. Su principal valedor, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, puntualizó sin embargo que en ningún caso la mujer tendrá sanción administrativa o penal por abortar, aunque esté tipificado como tal. La responsabilidad recaerá, por tanto, sobre el médico que lo practique.

La federación que engloba a las asociaciones defensoras de la sanidad pública en España lamenta que se penalice a los profesionales y advierte que la nueva norma "casi imposibilita" en la práctica el aborto por los requisitos impuestos.

Para demostrar que hay un riesgo para la salud de la mujer embarazada serán necesarios dos informes psiquiátricos de dos médicos diferentes, algo muy cuestionado por algunos profesionales de psiquiatría, que consideran "técnicamente muy difícil" certificar algo así en un corto plazo de tiempo. Algunos medios españoles destacan un guiño del gobierno de Mariano Rajoy a la iglesia católica y a los sectores más "duros" de su formación, el Partido Popular (PP), con esta reforma.

El anteproyecto de ley se aprueba justo dos años después de que Rajoy tomase el mando del país y se ha pospuesto en varias ocasiones, a pesar de ser una de las promesas electorales del PP, posiblemente por una división en el seno del Gobierno respecto a su contenido, según apuntan distintos medios.

El Ejecutivo lanza el mensaje de que la nueva norma supone una vuelta al "equilibrio" marcado por la Justicia española en 1985, cuando se legalizó el aborto con una ley que incluía tres supuestos de despenalización del aborto: la violación, el peligro para la salud de la gestante y las malformaciones en el feto, estas últimas ahora no incluidas.

En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue más allá e impulsó una reforma que sacó el aborto del Código Penal y que permitía abortar libremente hasta las 14 semanas, también en el caso de jóvenes de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus progenitores, algo que deroga la ley del PP.

El Ejecutivo mantiene ahora que la futura ley es "más garantista" para las mujeres y que aporta mayor seguridad jurídica a los profesionales que practican el aborto. "No es desconfianza, lo que hacemos es dar más garantías para la mujer", dijo Ruiz Gallardón el viernes durante la presentación del texto.