Más del 36% de los primeros metros de la costa mediterránea están ocupados

El informe sobre la sostenibilidad en España analiza las zonas degradadas por el urbanismo incontrolado · La desertización y la pérdida de riqueza biológica aumentan debido al cambio climático

Activistas de Greenpeace protestan en Bali ante el inicio de la cumbre de la ONU.
Activistas de Greenpeace protestan en Bali ante el inicio de la cumbre de la ONU.
R. S. ·Agencias / Madrid

04 de diciembre 2007 - 02:49

Más de un tercio (el 36,52 por ciento) de los primeros cien metros de la costa mediterránea están ya ocupados por construcciones artificiales, a pesar de las limitaciones que impone la Ley de Costas desde el año 1998.

Este es uno de los datos del Informe de Sostenibilidad en España 2007, elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) y que ayer fue presentado por su director, Luis Jiménez Herrero; la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Virgilio Zapatero.

El informe, que amplía hasta 155 los indicadores analizados, apunta que se avanza "moderadamente" hacia pautas más sostenibles, particularmente en los aspectos económicos, pero en menor grado en el ámbito territorial, ambiental y social, donde existe más resistencia al cambio, según dijo Jiménez.

El director del OSE señaló que el modelo de crecimiento sigue siendo "fuertemente intensivo" en territorio, y el litoral mediterráneo y la Comunidad de Madrid continúan siendo las zonas más afectadas por la expansión urbana incontrolada. Así, el primer kilómetro de costa española está ocupado de forma artificial en más de un 34 por ciento y los primeros cien metros en casi un 21 por ciento.

Por su parte, la ministra destacó los cambios en la percepción de los ciudadanos sobre el cambio climático, que ha hecho que en estos momentos se exija al Gobierno una respuesta frente a este fenómeno. Esto significa, a juicio de Narbona, que se ha comprendido que el cambio climático es un desafío al que hacer frente, no sólo por el calentamiento global sino porque los combustibles fósiles, incluido el uranio, tienen fecha de caducidad.

"Aunque no hubiera calentamiento global, la humanidad se enfrenta al enorme desafío de cambiar su modelo energético y España tiene capacidad para hacer frente a ese reto", señaló .

El informe destaca que España es el país con mayor riqueza biológica de Europa, pero sigue teniendo un riesgo creciente de pérdida de biodiversidad y, así, entre los años 1990 y 2006 el número de especies de fauna amenazada ha aumentado un 34,6 por ciento.

La desertización y la pérdida de riqueza biológica "se agudizan" por efecto del cambio climático, de tal forma que más de un tercio del territorio español está sujeto a un riesgo muy alto, alto o medio de desertización.

Según el informe, la cantidad de carbono liberado por la pérdida de zonas forestales y los incendios podría llegar a superar el carbono fijado por la regeneración y el crecimiento de los bosques.

Señala, asimismo, que el "pujante" desarrollo económico continúa muy basado en la construcción y el consumo, aunque constata que se ha avanzado "tímidamente" hacia un modelo menos intenso en el uso de los recursos energéticos y con menos contribución al cambio climático.

Así, el sector de la energía muestra un cambio de su tendencia ya que el consumo decreció alrededor del 1 por ciento el pasado año, y liga ese descenso con la primera reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero desde la firma de Kioto en 2006, aunque advierte que todavía "queda un importante camino por recorrer".

Destaca también un crecimiento de la tendencia en el uso de energías renovables, que permite una menor dependencia externa y un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, de tal forma que su peso en el balance general ha pasado del 6,03 por ciento en 2005 al 6,8 por ciento el pasado año.

El informe señala que España, junto con Italia y Grecia, se sitúa entre los países con mayor número de procedimientos abiertos por cuestiones ambientales, y destaca el aumento de los delitos ambientales, particularmente los que atentan contra la ordenación del territorio. Un total de 359 personas fueron detenidas en 2006 y se detectaron hasta 7.258 infracciones relacionadas con la ordenación del territorio.

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