Los rectores se niegan a bajar las exigencias para facilitar que las mujeres lleguen al cargo

La Universidad se enfrentan a una reforma integral y compleja del sistema que tendrá como base una nueva ley de Universidades que sustituya a la actual, aprobada hace ya 20 años, y que le permita hacer frente a los desafíos del siglo XXI y ser pionera en los cambios sociales, económicos, culturales, científicos y tecnológicos del país.

Promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la calidad de las instituciones universitarias; y garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador son los grandes objetivos de la reforma. La aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que el ministro Manuel Castells ha puesto sobre la mesa permitiría lograr el último de los grandes objetivos. El Ejecutivo pretende presentar un primer borrador en otoño y confía empezar a aplicar la nueva ley a partir del segundo trimestre de 2023 de manera gradual.

Pero, como en todo lo relacionado con la educación, la polémica está servida y, en este caso, el tema peliagudo de la negociación de la nueva ley de universidades es la gobernanza. Los socialistas han propuesto una medida rompedora: fomentar la presencia de rectoras permitiendo que todos los profesores titulares funcionarios puedan presentarse al cargo, no solo los catedráticos. Tras ocho siglos de historia de la Universidad en España, poco más de 30 mujeres han asumido el cargo de rectora. Hubo que esperar a 1982 para que llegase la primera, Elisa Pérez Vera, en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se ha mostrado esta semana oficialmente en contra de esta medida y defiende que solo los catedráticos y catedráticas con una "consolidada" carrera académica y de gestión pueden ocupar la rectoría, y que lo hagan por un mandato único de seis años, lo que impediría a los rectores ser reelegidos para dos mandatos consecutivos.

Sólo el 25% de los catedráticos son mujeres

Solo el 24,8% de los catedráticos del sistema universitario público español son mujeres, a pesar de que ellas representan el 41,1% del total del Personal Docente e Investigador (PDI), según los últimos datos del Ministerio. Sin embargo, en el cuerpo anterior, el de los profesores titulares funcionarios, las mujeres representan un 41,7% del total.

Desde que se aprobó la Ley de Igualdad de 2007 se exige la paridad en los equipos de gobierno (vicerrectores y gerentes) y ese es un paso fundamental para que las mujeres ocupen el puesto de rector, ya que lo habitual es que los candidatos cuenten con experiencia de gestión previa.

La medida propuesta por el Gobierno se ha encontrado con la oposición pública de la propia CRUE, además de algunas rectoras y catedráticas, como Carmen Fenoll, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), que considera que desde que se ha establecido el sistema de acreditación de la agencia de evacuación Aneca, a los docentes e investigadores se les valora por sus méritos, no por su networking. Tampoco la rectora de Granada, Pilar Aranda, es partidaria de esta medida, según ha manifestado en varios medios de comunicación.

Un modelo de financiación de referencia estatal

Entre las consideraciones de la CRUE, ésta también apuesta por que el nuevo marco legislativo dé seguridad jurídica a todas las universidades y garantice "autonomía, flexibilidad y una financiación estable y suficiente".

Cree necesario "flexibilizar, racionalizar y mejorar" la oferta formativa para responder a las demandas actuales y futuras de los estudiantes y considera que la ley debe ser general y estable, con poca regulación y mucha flexibilidad y opcionalidad, según ha apuntado esta semana la CRUE en un comunicado. De lo contrario, la CRUE advierte de que se forzaría a una homogeneización del sistema, "que dificultaría el logro de objetivos por parte de las universidades".

Asimismo, aboga por que la normativa recoja las "necesarias" condiciones de autonomía, financiación y rendición de cuentas, además de permitir a las universidades que desarrollen su misión y funciones en "entornos diversos, competitivos, creativos, captadores de talento en igualdad de condiciones que las mejores universidades europeas".

Plantea la necesidad de disponer de un modelo de financiación de referencia estatal para "impulsar y ordenar" el despliegue de los sistemas de financiación universitaria autonómicos y propone referenciar la suficiencia de financiación pública de las universidades públicas españolas en el 1% del PIB nacional o de la comunidad. La CRUE sostiene que debe impulsar una financiación que incentive la consecución de resultados docentes e investigadores, estableciendo unas normas básicas estatales que deben cumplir los modelos autonómicos.

Planes plurianuales de financiación básica, acordados por la administración autonómica y las universidades públicas, así como transformar de forma progresiva las subvenciones en transferencias, son otras de las consideraciones.

Sobre la fiscalidad de las universidades, sean del tipo que sean, la CRUE apunta que no debería ser objeto de consideración en una ley orgánica "y que los poderes ejecutivo o legislativo disponen de instrumentos más apropiados".

Advierte de que la LOSU debería hacer referencia a la Ley de la Ciencia y establecer, en coordinación con ella, el desarrollo de una actividad investigadora en las universidades "más intensa y competitiva".

Acceso a la educación superior

La reforma de la LOSU no es el único objetivo del Ejecutivo por lo que respecta al sistema universitario español. Este paso se inscribe dentro de una estrategia mayor, que apuesta por promover el acceso a la educación superior adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la calidad y buena gobernanza de las instituciones; y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador.

Para promover el acceso a la educación superior, Castells plantea un aumento de las becas y una reducción de los precios públicos universitarios. El Ministerio de Universidades y el de Educación y FP ya llevaron a cabo en 2020 una reforma en profundidad del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio. Así, para el curso 2021-2022 se prevé que las becas para acceder a Másteres habilitantes dependan de la renta sin que parte alguna quede sujeta al mérito académico y en 2022 esta medida se extenderá también para los Másteres oficiales.

Para adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias, la reforma se concretará en el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad, y su tramitación y aprobación se prevén en el tercer trimestre de 2021.

Y con el objeto de garantizar la calidad de las instituciones universitarias, se está abordando el anteproyecto del Real Decreto del régimen de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros adscritos, que prevé aprobarse en el segundo trimestre de 2021 mediante un Real Decreto. Esta reforma detalla los requisitos de calidad que debe cumplir toda institución universitaria, tanto presente como futura.

La digitalización será otro de los puntos fuertes de la reforma, según recoge la Estrategia Pragmática del Ministerio de Universidades, elaborada en enero de 2021. Y tampoco se descarta la creación de nuevas categorías laborales, que no sean funcionarios, paralelas a las de catedráticos y profesores titulares; así como una solución para solventar la precariedad a la que se enfrentan los profesores asociados. Estos cambios estarían regidos por un nuevo Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), sobre el que todavía no hay acuerdo.