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Así es el nuevo sistema público de avales del Gobierno que protegerá a propietarios e inquilinos de okupaciones

El nuevo mecanismo persigue asegurar el pago de rentas y evitar conflictos en el alquiler

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Llaves de una vivienda / M. H.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes la creación de un sistema público de avales y garantías incluido en el nuevo decreto 'ómnibus', una medida que busca proteger tanto a propietarios como a inquilinos en el mercado de alquiler. Este sistema asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso

¿En qué consiste el sistema público de avales y garantías?

El sistema se aplicará inicialmente a los propietarios que alquilen a menores de 35 años y cubrirá posibles impagos de rentas y desperfectos en las viviendas, así como los suministros no abonados por los inquilinos morosos. Este mecanismo, que forma parte del plan para convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del Bienestar, busca fomentar una mayor oferta de viviendas en alquiler asequibles.

Según el Gobierno, esta medida pretende aliviar las tensiones en el mercado de vivienda, protegiendo tanto a los propietarios frente a riesgos económicos como a los inquilinos, quienes encontrarán una oferta más accesible. El sistema estará en funcionamiento a lo largo de este año, según fuentes del Ministerio de Vivienda.

Prórroga de la moratoria antidesahucios

Junto a esta medida, el Gobierno ha anunciado la extensión de la moratoria antidesahucios hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta prórroga protege a los hogares vulnerables sin alternativa habitacional, así como a víctimas de violencia de género, personas dependientes o con menores a cargo que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En estos casos, la protección se aplicará siempre que la vivienda pertenezca a grandes tenedores (personas físicas o jurídicas con más de diez propiedades).

Además, se permitirá a los propietarios solicitar compensaciones económicas hasta el 31 de enero de 2026 si las Administraciones públicas no logran proporcionar una alternativa habitacional en un plazo de tres meses.

Garantía de suministros básicos

El decreto también contempla la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables durante todo este año.

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