La necesidad de un pacto escolar

Jaime Martínez Montero

Inspector de Educación

Si en algún punto está de acuerdo toda la opinión pública es en la necesidad de que los partidos políticos mayoritarios lleguen a un pacto escolar, siquiera sea para evitar el disparate de que cada alternancia política suponga una nueva ley de educación. No es posible una democracia de calidad sin una población bien educada. Sólo una buena escuela puede brindar una segunda oportunidad a los que no la tuvieron en su a por razones sociales, económicas o culturales. Los años escolares son el cemento de la convivencia porque homologan conductas, pensamientos y actitudes, ya que someten a los miembros de la comunidad escolar durante muchos años a las mismas normas, a las mismas experiencias y a los mismos conocimientos. Finalmente, la institución escolar sigue siendo la vía más deseable de promoción social: es lenta, pero efectiva; depende de la capacidad y del esfuerzo y no tanto del azar o de la riqueza de la familia; a la postre, lo hace a través de instrumentos sociales muy recomendables: el esfuerzo, el trabajo, la tarea diaria acumulada a lo largo de los años.

Los políticos no se pueden llenar la boca diciendo que la educación es una cosa de todos, que todos debemos colaborar y participar... salvo ellos cuando el partido contrario esté en el gobierno. Así no se va a ninguna parte. La amenaza de que se cambiarán las leyes educativas tan pronto se alcance el poder sólo conduce a que una parte de los actores (los que simpaticen con ese partido) se pongan a la defensiva, en actitud de espera, acoso y derribo, hasta que llegue el momento de mandar. Hay que acabar con esto, y tener la inteligencia suficiente para darse cuenta de la gran ventaja de un pacto: si bien ciertos aspectos importantes no pueden ser puestos en práctica, otras cuestiones fundamentales no van a ser cambiadas cuando, más tarde o más temprano, se abandone el gobierno.

El pacto es necesario porque el sistema escolar funciona mal, y arreglarlo va a provocar protestas, disgustos, enfados y trifulcas. Por ello, es indispensable que del malestar que las reformas puedan originar no se aproveche el partido de la oposición, e imprescindible que los “reformados” adquieran conciencia de que los cambios se van a desarrollar con independencia de que haya en el poder continuidad o alternancia.

Invertir en los niños es apostar por el futuro. Por ello, debe tener su reflejo en los presupuestos, y un acuerdo importante del pacto debería ser garantizar el nivel mínimo de inversión en los sucesivos años, y el compromiso de respetarlo. Pero junto a la inversión debe haber también un compromiso de mejora de los métodos de gestión y de evaluación de resultados. La calidad de los sistemas educativos depende no sólo de los recursos, con toda su importancia, sino de la evaluación y del control de los logros. Si no se hace así, podemos continuar en la actual y terrible dinámica: se paga mejor a los docentes, se baja el número de niños por aula, se mejoran las infraestructuras, se alarga el tiempo de escolarización y, como resultado, se obtienen rendimientos cada vez más bajos.

El profesorado debe ser otro eje central del pacto. La Consultora McKinsey, una de las más prestigiosas del mundo, publicó en el año 2008 un informe en el que analizaba los diez sistemas escolares que, según los datos de estudios comparados, ocupan los diez primeros puestos en cuanto a calidad. Llega a una conclusión: lo que determina el nivel educativo de un país, muy por encima de otros factores, es la formación, la motivación y el aprendizaje permanente o actualización continua de sus profesores. Es una excelente noticia, porque da un gran margen de maniobra y minimiza muchas variables sobre las que no se tiene capacidad de cambio. Pero de la misma cabe deducir que si nosotros no estamos entre esos diez primeros países es porque algo no hacemos bien con los docentes. La formación inicial está fuera de toda lógica: las cuatro quintas partes de los recursos que se emplean se gastan en personas que nunca darán clase. El reciclaje y puesta al día se deja por entero a la voluntad del funcionario, algo que, unido a la falta absoluta de control de calidad en los centros, da como resultado que en algunas aulas todavía se enseña como si estuviéramos en los años cincuenta. No hay carrera docente, por lo que existe una especie de “barra libre” en la que de nada sirve el mejor trabajo, el mayor compromiso, la calidad y la excelencia en el servicio que se presta a los alumnos. Está bien que se nos pague por lo que somos, pero lo es más que también se haga por lo que hacemos.

Respecto a la estructura del sistema, hay que abordar con valentía la reforma de la ESO. Se trata de una etapa muy importante, ya que otorga el nivel de formación general que alcanza la mayoría de los ciudadanos y establece así las posibilidades reales de progreso que va a tener el país. Y lo es también porque de su rendimiento y orientación hacia los estudios superiores depende el número y la calidad de los científicos, humanistas, pensadores y técnicos del futuro. Pero en esta etapa se suspende mucho y se repite curso una barbaridad. Los datos son muy malos, y no parecen peores porque normalmente se ofrecen sin desglosar. Si se presentaran las tasas de éxito teniendo como referente los cuatro años en que se debería alcanzar el título, si se mostraran los resultados separando el sexo, y también se segregaran distinguiendo a los centros públicos de los concertados, entonces calibraríamos con exactitud la gran dimensión del desastre en que se ha convertido este nivel escolar. Pienso que una Educación Secundaria de tres años de duración nos permitiría alargar el Bachillerato y mejorar notablemente la Formación Profesional, así como dar una salida lógica y productiva a los alumnos que no se sienten llamados a una formación y a unos estudios académicos. Seguiríamos con nueve años de comprensividad, a la cabeza de Europa, y no por ello el sistema sería menos justo e igualitario.