La mayoría de las autonomías no realiza cribados para detectar el autismo

Madrid/El autismo puede ser detectado a los 18 meses de vida. A nivel mundial se diagnostica entre los 3 y los 10 años y en España sobre los 5 años, si bien los protocolos sanitarios de seguimiento del niño sano de la mayoría de las comunidades no contemplan cribados para identificar señales tempranas de posible autismo.

Así lo recoge el primer Plan de Acción Estrategia española en trastorno del espectro autista que, publicado con motivo del día mundial por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy, pone el acento en el diagnóstico temprano y en responder a las demandas de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias.

Dicho plan, con un periodo de ejecución de cuatro años y coordinado por el Centro Español sobre Trastorno del Espectro Autista, revela que en España, según los datos disponibles más actualizados (Imserso 2021), hay identificadas 127.612 personas con una valoración oficial de grado discapacidad por Trastorno del Espectro Autista (TEA).

De ellas, 29.992 son mujeres (23,5 %) y 97.620 son hombres (76,5 %).

Según este primer plan de acción, aunque las investigaciones sobre el TEA han apuntado durante años a que este trastorno se presenta cuatro veces más en varones que en mujeres, los últimos años han crecido los estudios que aminoran esta proporción, considerando una ratio de tres niños por cada niña.

Y es que las niñas y las mujeres han estado infrarrepresentadas en los estudios científicos sobre el autismo, y aunque no están claras las causas de desequilibrio se barajan, entre otras, diferencias neurobiológicas por sexo y mejores competencias sociales y de comunicación en el caso de ellas.

Con este escenario, el plan propone abordar estas barreras para que las mujeres no enfrenten esta discriminación y tengan acceso a recursos y servicios.

Empleo y educación inclusiva

Contribuir a la educación y el empleo inclusivo de las personas en el espectro autista son los principales objetivos del primer plan de acción sobre este trastorno, dotado con 40 millones de euros para los próximos tres años, de los que 28 millones son para estas dos líneas de actuación.

Respecto al empleo, el plan contempla el reconocimiento del autismo como "colectivo especialmente vulnerable" y, por ello, la nueva ley de empleo ya recoge esta cuestión.

Otra medida es que las convocatorias de empleo público incluyan las necesidades de las personas con autismo, de manera diferenciada a la discapacidad intelectual.

El plan contempla el fomento de la formación para el empleo y el desarrollo de proyectos piloto para potenciar el acceso al mundo laboral en este colectivo.

Admite que las principales barreras que encuentran estas personas son la falta de oportunidades, pero también los prejuicios existentes en el tejido empresarial y el desconocimiento sobre el potencial laboral de estas personas.

El plan apuesta, igualmente, por promover el conocimiento y respeto a las personas con TEA, favorecer el diagnóstico precoz, contribuir a la vida independiente y la inclusión en la comunidad, el acceso a la justicia y el empoderamiento de derechos e impulsar la investigación, formación e innovación.

Para la inclusión de la vida independiente en la comunidad, el plan promueve planes piloto y modelos de buena práctica que permitan contribuir a la vida independiente, prestando atención a la etapa del envejecimiento.

En línea con la estrategia española de discapacidad, recoge el impulso de la figura del asistente personal que contemple las necesidades específicas de las personas con autismo y los retos que supone la prevención de la institucionalización del colectivo.

También apuesta por crear un centro de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, subvenciones para formación de médicos especialistas, apoyo a familias con hijos a su cargo y protección de la salud frente a las pseudoterapias.

Este primer plan de acción toma como referente la estrategia española en trastornos del espectro del autismo aprobada en Consejo de Ministros en 2015 y se orienta "a la igualdad de género y a liberar a las mujeres con autismo de la cultura machista y capacitista".