Ley del 'solo sí es sí': Todo acto sexual sin consentimiento expreso es violación desde este viernes

Este viernes 7 de octubre entra en vigor la Ley del 'solo sí es sí' aprobada en España en agosto. Esto significa que a partir de ese día todo acto sexual sin consentimiento expreso será considerado una violación. Esta norma de garantía integral de la libertad sexual elimina la distinción entre agresión sexual y abuso y sitúa el consentimiento libre de las mujeres en las relaciones sexuales como eje de la nueva norma.

Esta ley, impulsada por Irene Montero, ministra de Igualdad, vio la luz el 25 de agosto de 2022, cuatro años después de la sentencia de La Manada, germen de la norma, y después de un largo camino no exento de polémica, con la oposición de PP y Vox.

Las claves de la Ley 'Solo sí es sí'

Independientemente de si hay violencia o intimidación, la nueva ley considera que todo acto sexual donde no haya consentimiento expreso es una agresión sexual, con una pena de uno a cuatro años de prisión o de cuatro a doce años en el caso de que haya acceso carnal.

¿Y, cuándo se entiende que existe un consentimiento libre? Según se define en la ley, "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido. Todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal.

La norma incorpora no solo una serie de medidas en distintos ámbitos para garantizar el derecho de las mujeres "a su libertad sexual", sino también "la reparación de las víctimas" y el reconocimiento, por primera vez, de las víctimas de violencia sexual, de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual como víctimas de violencia machista. También la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados entran en ese concepto de violencia. Ha incluido agravantes como la sumisión química en una agresión sexual, que hasta ahora se consideraba abuso; y los asesinatos por violencia sexual serán contabilizados como violencia machista.

Aunque se han quedado fuera los artículos más polémicos sobre la prostitución, sí se incorporaron enmiendas para considerar ilícita la publicidad que contribuya a promover esta práctica y reconocer el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas que se encuentren en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.

Además, se ha incluido una pena de multa de uno a tres meses a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad.

También se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.

Y los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.

El nuevo texto también contempla un itinerario de atención integral y reparación por parte del Estado. Para ello, se pondrán en marcha los llamados centros de crisis 24 horas. La previsión del Gobierno es que al menos 50 de estos centros estén abiertos para 2023. Igualdad ha destinado a ellos 66 millones de euros de los fondos europeos.