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Los forenses niegan que Nadia esté en "riesgo inminente" de muerte

caso Nadia

Los médicos no pudieron probar que la menor fuese asistida en clínicas de Houston, como decían sus padres.

El tratamiento experimental al que afirman haberla sometido se hace a nivel embrionario, "no a los 5 años"

El hospital de la Seu d'Urgell ofreció un traslado a la familia a un centro especializado y ésta lo rechazó

Margarita Garau, madre de Nadia, a su llegada a la Audiencia de Lérida. / EFE
EFE

03 de octubre 2018 - 16:44

Lérida/Una médico forense del Instituto de Medicina Legal de Lérida ha asegurado este miércoles, durante la segunda sesión del juicio del caso Nadia, que de ninguno de los informes de la menor se desprende que haya un "riesgo inminente" de muerte, tal y como afirmó este martes en su declaración el padre, Fernando Blanco.

Según la médico forense, se puede afirmar que una persona con una enfermedad genética de este tipo (tricotiodistrofia) tiene una esperanza de vida menor que el resto, pero "hay personas con la misma enfermedad que todavía viven con 30 años".

En relación con las supuestas punciones que Nadia recibió en la nuca para llevar a cabo un tratamiento experimental sobre mutaciones genéticas, la médico ha informado de que este tipo de prácticas en la actualidad se pueden llegar a realizar a modo "experimental".

Además, en este sentido, la forense ha aseverado que en el caso de hacerse modificaciones genéticas serían a nivel embrionario, "ni mucho menos en una niña de 5 años, ya que todo el código genético en estas edades ya está transferido".

La forense ha explicado que nada más nacer Nadia ya presentaba un aspecto físico que indicaba que tenía alguna patología y, a raíz de la sospecha, se le practicaron una serie de pruebas que confirmaron el diagnóstico de tricotiodistrofia.

Alteraciones cutáneas y oftalmológicas, problemas en el desarrollo del lenguaje, trastorno de hiperactividad y espasticidad en los músculos son algunos de los síntomas que, según los informes, presentaba Nadia desde una temprana edad.

Finalmente, la doctora ha negado tener ningún documento de hospitales de Houston (Estados Unidos) y tan sólo le consta un informe en inglés perteneciente a una clínica de Francia.

Por otra parte, el director asistencial y pediatra del Hospital de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha explicado mediante videoconferencia que los padres de Nadia se negaron a entregar al hospital cualquier informe que acreditara la enfermedad de su hija.

En este sentido, el pediatra ha asegurado que, pese a entender que los padres tienen el derecho de no entregar la información, "sí que nos sorprendió porque teníamos otros niños con enfermedades raras y los padres siempre nos los explican todo".

Además, ha añadido Fàbrega, desde el Hospital de la Seu d'Urgell ofrecieron a los padres de Nadia derivar el tratamiento de la menor al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ya que existe una unidad especializada en enfermedades raras.

Pese a que la amplia mayoría de los tratamientos hubieran entrado por la sanidad pública, los padres de Nadia, ha asegurado el pediatra, denegaron dicha ayuda.

Preguntado por los posibles tratamientos que recibió Nadia en Houston (EEUU), Fàbrega ha explicado que compañeros del Hospital de la Seu d'Urgell se pusieron en contacto con centros de esta ciudad americana y en ninguno de ellos tenían constancia de que existieran ese tipo de terapias.

Durante la segunda sesión del juicio de este miércoles celebrado en la Audiencia de Lérida también han declarado otros testigos como padres del colegio de Nadia en Organyà, que han manifestado sentirse "engañados" por Fernando y Margarita.

"Ver todo lo que ha pasado te afecta moralmente. En un primer momento no te lo crees y después te sientes muy mal", ha explicado uno de los padres.

Fernando Blanco y Margarita Garau, los padres de Nadia, están acusados de un delito de estafa por quedarse 1,1 millón de euros en donativos que recaudaron en una campaña solidaria fingiendo que los fondos eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.

La Fiscalía pide una condena de seis años de cárcel para cada uno de ellos, a quienes el juez retiró en diciembre de 2016 la custodia de la menor al destaparse la presunta estafa.

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