España no ha pedido todavía a la UE activar el Fondo de Solidaridad para La Palma

Las Palmas de Gran Canaria/España tiene un plazo máximo de doce semanas desde el inicio de la erupción del volcán de La Palma para solicitar que la Unión Europea (UE) active el Fondo de Solidaridad creado para intervenir ante catástrofes naturales graves y, seis semanas y media después del comienzo, todavía no lo ha pedido.

En caso de que no lo hiciese a tiempo, perdería la posibilidad de que el Fondo de Solidaridad se pusiese en marcha, ha indicado la directora de la Representación de la Comisión Europea en España, María Ángeles Benítez, quien ha destacado que podría haber matices sobre en qué momento comenzó la catástrofe, si cuando el volcán entró en erupción o cuando la lava comenzó a correr, por ejemplo.

Para activar ese mecanismo de solidaridad, las autoridades españolas deben presentar una solicitud y demostrar que los daños directos totales provocados por la catástrofe superan el 1,5% del Producto Interior Bruto medio de la región afectada.

En el caso de las regiones ultraperiféricas, como Canarias, pueden solicitar recursos cuando los daños asciendan al 1% de su PIB, que en el caso de este archipiélago supone 457 millones de euros.

Estos fondos se podrán destinar para la reconstrucción de infraestructuras públicas como colegios, carreteras, servicios esenciales y viviendas.

El Fondo de Solidaridad de la UE asciende a un total de 500 millones de euros y, si España solicita que se active para La Palma, Bruselas estudiaría qué cantidad se aportaría, ha dicho Benítez, quien ha señalado que existen contactos "continuos y estrechos" entre las autoridades españolas y comunitarias sobre el asunto, "pero formalmente no se ha pedido".

La evolución de la erupción del volcán y los desastres ocasionados determinarán el alcance real de las pérdidas económicas, ha destacado.

Desde que el volcán entró en erupción el 19 de septiembre pasado, la UE ayuda a La Palma con el sistema de satélites Copernicus, que ofrece a los expertos información cartográfica de alta resolución en condiciones meteorológicas adversas y facilita el trabajo a las autoridades españolas de protección civil.

La cartografía ofrecida por Copernicus permite saber cómo está afectando la masa de lava y su progresión. Desde su activación, ofrece actualizaciones de manera frecuente que muestran los cambios en la extensión del flujo de la lava, en el depósito de cenizas, así como las infraestructuras y construcciones que han sido destruidas.

Inmigración

Benítez se ha referido también a los movimientos migratorios que recibe Canarias y ha expresado su confianza en que se apruebe cuanto antes el Pacto de Migración y Asilo, que reconoce que "ningún país de la UE debe asumir él solo una responsabilidad desproporcionada y que todos los países deben contribuir a la solidaridad de forma constante".

Asimismo, ha recordado que el Pacto solo entrará en vigor una vez que el Consejo y el Parlamento Europeo lleguen a un acuerdo y ha explicado "la urgencia de hacerlo para apoyar más activamente a regiones que han sufrido una alta presión migratoria, como es el caso de Canarias".

Mientras tanto, la Comisión ha puesto en marcha diversas medidas para apoyar a Canarias en materia migratoria.

"Desde diciembre de 2018, la mayor parte de la asistencia para España en materia de migración, 124 millones de euros, ha ido para Canarias: concretamente 70 millones", ha destacado Benítez. Esta financiación ha servido para proporcionar ayuda humanitaria a los inmigrantes, crear refugios de emergencia y poner en marcha un centro de registro e identificación de personas gestionado por la Policía.

Benítez ha señalado también que “se han concedido fondos de la UE para dos centros móviles de atención temporal con una capacidad de en torno a 500 personas cada uno. Esto da flexibilidad a la hora de afrontar flujos migratorios importantes, como ocurrió en Fuerteventura y Lanzarote”.

Igualmente, la agencia europea de fronteras Frontex ha reforzado sus operaciones en la zona y ha destinado agentes que ayudan en el registro de migrantes irregulares.