Desmantelado un grupo criminal que estafó 350.000 euros a empresas de comestibles
Criminalidad
La actividad delictiva del grupo se enfocaba en pedidos de productos comestibles poco perecederos, como frutos secos o alimentos envasados de los que solicitaban entre tres y cuatro toneladas por pedido
La Guardia Civil de Cáceres ha desmantelado un grupo criminal especializado en estafas en la compra de productos comestibles para su posterior distribución en supermercados.
Han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras dos en las provincias de Alicante y Murcia por los presuntos delitos de estafa continuada, por un importe total aproximado de 350.000 euros, usurpación de estado civil, falsedad documental, receptación y pertenencia a grupo criminal.
La Guardia Civil ha localizado y recuperado 1.500 kilogramos de productos adquiridos fraudulentamente.
La investigación comenzó hace más de un año, a raíz de la denuncia presentada por una empresa de frutos secos de la localidad de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por el impago de una partida de mercancía suministrada.
Los agentes comprobaron que la empresa había sido objeto de varios delitos de estafa, por un importe de 116.000 euros, por parte de un grupo de personas que, tras usurpar la personalidad de distintos administradores o encargados de empresas solventes del sector, realizaban pedidos a nombre de éstas, los cuales no llegaban a pagar.
La actividad delictiva del grupo se enfocaba en pedidos de productos comestibles poco perecederos, como frutos secos (pistachos, anacardos, almendras, nueces) o alimentos envasados (harinas, tomate), de los que solicitaban grandes cantidades, de entre tres y cuatro toneladas de peso por pedido.
Las líneas de investigación desarrolladas evidenciaron que el destino final de las mercancías adquiridas fraudulentamente habían sido distintas ubicaciones en las provincias de Murcia y Alicante, para cuyo porte había sido contratado y subcontratado todo un entramado de empresas de transportes.
Incluso se pudo comprobar la realización de trasvases durante los trayectos, siendo los propios conductores los que, en última instancia, recibían instrucciones telefónicas para que cambiaran el lugar de descarga del género, en contraposición al que había sido indicado a la empresa suministradora.
En esta ubicación final, otra persona era la encargada de recoger la mercancía y firmaba los albaranes, para lo cual usurpaba la personalidad de un tercero mediante el uso del número de su documento nacional de identidad.
Tras la recepción de estos efectos, los mismos eran depositados en pequeños almacenes de las provincias indicadas, desde los que rápidamente eran distribuidos a supermercados de la zona, cuyos responsables no pudieron aportar datos correspondientes a la trazabilidad de estos productos, que ya tenían expuestos a la venta al público.
La investigación permitió conocer, además, la existencia, a nivel nacional, de otras empresas del sector afectadas en las provincias de Sevilla, Toledo, y Asturias, quienes habían sido víctimas de hechos delictivos en los que fue aplicado el mismo modus operandi, y en los que estaban implicados los mismos autores.
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