El Defensor del Pueblo atiende a 201 víctimas de abusos en la Iglesia en dos meses
Sociedad
Los expedientes incoados hasta ahora corresponden mayoritariamente a hombres (167) y el resto (34), a mujeres.
El Defensor del Pueblo ha atendido a 201 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, 167 hombres y 34 mujeres, desde la puesta en marcha de la Unidad de Atención a las Víctimas (UAV), hace dos meses.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presidido la segunda reunión de la Comisión Asesora para elaborar un informe sobre la pederastia en la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos y ha trasladado a los expertos que constituyen esta Comisión los datos recabados desde que constituyó la Unidad de Atención a las Víctimas.
Tal y como ha informado la institución, los 201 testimonios registrados han sido recogidos por teléfono, correo electrónico, correo postal o a través de la página web del Defensor y, de todas las víctimas, 67 han sido entrevistadas por los técnicos especializados de la UAV.
Los expedientes incoados hasta ahora corresponden mayoritariamente a hombres (167) y el resto (34), a mujeres.
Gabilondo se ha mostrado "satisfecho" con el ritmo de llegada de los testimonios y con la cantidad de víctimas que se han dirigido al Defensor, pero ha destacado que "lo que realmente importa y preocupa", más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo "con respeto, con seriedad, con discreción y con confidencialidad".
"Las víctimas que decidan contactar con nosotros pueden contar con ello", ha subrayado.
Todos estos datos han sido trasladados a la Comisión Asesora creada por el Defensor para elaborar un informe que elevará al Congreso de los Diputados, a partir de la encomienda realizada por la Cámara Baja el pasado mes de marzo.
La Unidad de Atención a las Víctimas comenzó a trabajar el pasado 6 de julio y, desde entonces, los expertos que la componen están recibiendo y escuchando a personas que acuden a exponer sus testimonios.
Esta unidad está compuesta por profesionales con experiencia en el ámbito de la atención a las víctimas y su labor se centra en atender y escuchar a quienes acudan al Defensor.
Entre ellos se encuentran expertos como el coordinador del Proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid, Miguel García-Baró López; Juan Carlos González Martín, miembro de Eshma, organización para el acompañamiento a supervivientes de abusos sexuales; o Paula Merelo Romojaro, autora del libro 'Adultos vulnerados en la Iglesia', entre otros.
El Defensor ha habilitado diferentes canales para las víctimas de abusos, que pueden contactar a través del teléfono gratuito 900 111 025, el correo electrónico atencionvictimas@defensordelpueblo.es, un correo postal, así como la posibilidad de acudir personalmente a las dependencias del Defensor.
La Conferencia Episcopal ha descartado participar en esa comisión y ha dejado claro que no está dispuesta a una apertura generalizada de los archivos canónicos, aunque aseguró que colaborará con ella y le facilitará información de casos concretos de religiosos acusados.
La Iglesia ha encargado su propia investigación al despacho Cremades & Calvo Sotelo.
El tribunal Supremo confirma 30 años para un ex cura que abusó de 7 menores
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 30 años de prisión impuesta a un excura por abusos sexuales a siete menores de alrededor de 13 años que cursaban estudios de secundaria internos en el seminario de la Diócesis de Ciudad Real, donde él era formador de seminaristas.
La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el exsacerdote contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que elevó a 30 años la pena de 22 años y 8 meses que le había impuesto la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Ha confirmado además una multa de 52.920 euros y una indemnización de 2.000 euros a cada una de las víctimas.
Antes de este proceso judicial, en 2016 el Tribunal Eclesiástico dictó una sentencia canónica que impuso al exsacerdote la reclusión en un monasterio por cinco años, con asistencia espiritual y psicológica, pero el acusado no aceptó al mantener su inocencia.
Esta circunstancia acabó con la decisión del papa Francisco de apartarlo del ejercicio del sacerdocio, después de que el caso saltara a la luz por una denuncia que había interpuesto el anterior obispo de Ciudad Real, Antonio Algora.
La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, rechaza que las conductas imputadas al cura entre 2013 y 2015, fundamentalmente, puedan interpretarse como un "mero juego", como sostiene en su recurso, ya que fueron actos hábiles para atacar la indemnidad sexual de los menores".
Los magistrados repasa los tocamientos a los que sometía a los menores con la excusa de juegos o ahogadillas en la piscina o de supuestas curas médicas en las habitaciones, o las peticiones de que se desnudaran delante de él, comportamientos con un "evidente carácter sexual" que atentan contra su libertad sexual.
El Supremo destaca la "vulnerabilidad emocional" de unos menores internos y sometidos a un ambiente de disciplina, lo que aprovechó su formador para perpetrar sus delitos con un consentimiento viciado por parte de los chicos que tutelaba.
La Sala considera verosímiles los testimonios de las víctimas y rechaza la posibilidad de que hayan orquestado una maniobra para perjudicare al condenado
"Es muy difícil que pudieran ponerse de acuerdo tantas personas (menores y sus padres) para montar un escenario delictivo de esta envergadura y que no hayan incurrido en fisuras o contradicciones significativas, máxime cuando está probado las buenas relaciones que los menores mantenían hasta entonces con el que era su formador en el seminario e igualmente los padres con alguno de los cuales la relación era incluso de amistad", señalan los magistrados.
No consta además que los menores tuvieran conocimiento de lo que les estaba ocurriendo a los demás, ni de que lo hubiesen comentado entre ellos, pese a que todos lo conocían por ser internos en el seminario.
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