Coronavirus: Galicia quiere multar con hasta 3.000 euros a quien se niegue a vacunarse

SANTIAGO DE COMPOSTELA/El grupo del PPdeG ha registrado este jueves en el Parlamento su propuesta para reformar la ley de Salud gallega de 2008 para adaptarla a la pandemia. En el texto, se fijan diferentes sanciones, entre las que se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse un aislamiento.

Este texto -firmado por los 42 diputados populares, incluido Alberto Núñez Feijóo- establece tres tipos de infracciones: leves (de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros).

Saltarse una cuarentena por parte de infectados o personas con síntomas compatibles con el coronavirus está estipulado como infracción grave, pero pasará a ser muy grave si se hace de forma repetida o si produce un daño elevado en la salud pública.

El rechazo a vacunarse o hacerse pruebas está estipulado como leve (entre 1.000 y 3.000 euros) en el caso de que las repercusiones tuviesen una "incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población", pero pueden pasar a graves o muy graves en función del daño ocasionado.

La multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento.

Entre otras infracciones leves también se encuentran: hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias, incumplimientos de horarios de locales, ausencia de protocolos de contingencia en lugares de trabajo, así como no respetar la distancia de seguridad entre mesas en terrazas.

En las infracciones graves en salud pública hay: la denegación de colaboración con las autoridades sanitarias; el suministro información falsa; la apertura de locales con prohibición expresa de hacerlo; así como la reincidencia de infracciones leves en los últimos 12 meses. Aquellas que derive en daños "muy graves" para la salud pública pasarán a la consideración de infracciones muy graves. También la reincidencia de faltas graves en los últimos cinco años.

En el caso de las sanciones muy graves se apunta también la posibilidad del cierre de locales por hasta cinco años.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, calcula que esta proposición de ley estará aprobada en el mes de febrero tras su trámite parlamentario, por lo que estas sanciones no regirán hasta su entrada en vigor, pues en la norma se aclara que no tendrán efecto retroactivo.

Preguntado la legalidad de determinadas multas, Puy ha dicho tener "menos dudas" de que se pueda sancionar por la negativa, por ejemplo, a hacerse una PCR. Respecto a la vacunación, señala que la ley podrá "establecerse en su caso esa obligación", por lo que "no es un tema que esté cerrado". Así, la ley "abre una puerta" en los "supuestos extraordinarios" en los que exista un rechazo a la vacunación autorizada. "Lo lógico es que estas cuestiones se viesen contempladas a nivel estatal", apunta, pero hay "un rechazo constante por parte del Gobierno de España" a la reforma de la ley orgánica.

Deja claro que "la vacuna es fundamental", en contraposición a "estos movimientos antivacunas medio libertarios y medio conspiranoicos que niegan la evidencia científica". Y es que esa "negación de la evidencia científica cuesta vidas". Pedro Puy resalta que se persigue "mejorar" el marco normativo, por lo que confía en que otras administraciones no recurran los cambios que se introduzcan. "Que nosotros sepamos somos la primera comunidad", dice, en llevar a cabo esta modificación.

Contra el abuso del estado de alarma

De tal forma, Puy ha destacado que se busca "reforzar" la seguridad jurídica ante "las dificultades para gestionar la pandemia solo con el estado de alarma". Puy asegura que se presenta este texto "pensando en la salud pública, pero también del sistema democrático" para poder actuar "sin un abuso del estado de excepción". "El estado de alarma no es la única herramienta para combatir la pandemia", defiende.

Advierte de que "es necesario ajustar la legalidad sanitaria a la situación y actuaciones que van a ser necesarias durante los próximos meses".

Por su parte, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha destacado que este texto "va a dar unas herramientas más estables, más robustas", que "permitan tomar decisiones de un modo más ordenado y predecible". Remarca que se incorporan cuestiones que no estaban recogidas en la ley de 2008 como el uso de nuevas tecnologías, los aislamientos o las cuarentenas, que "hay que hacer de un modo muy específico".