Coronavirus en España: El desbarajuste en la compra de test rápidos echa sal a la herida

A perro flaco. España está enclenque en equipamiento sanitario para lamento de los profesionales de la salud y de los pacientes que acuden en masa a los hospitales, sobre todo en la Comunidad de Madrid y Cataluña, para curarse de los embates del coronavirus. El personal va a la guerra con tirachinas, como han referido algunos médicos, enfermeros y auxiliares estas últimas semanas, por la escasez, si no ausencia del material adecuado para tratar a los enfermos sin el temor de acabar contagiados.

Lleva el país confinado cerca de dos semanas y pendiente de la lista negra que diariamente ofrece el Ministerio de Sanidad y también con los ojos abiertos y el cuerpo en tensión para ver si van llegando ya las mascarillas y los atuendos necesarios a los centros hospitalarios, cuando otro problema se coló en la actualidad: los test rápidos.

El desbarajuste que se conoció este jueves echa más sal a la honda herida abierta hace semanas con esta virus que fue expandiéndose como un rayo: brote, epidemia, pandemia... Colapso.

Si no fuera por la gravedad que entraña el asunto y por los muchos muertos y desgracias familiares que están ocurriendo, habría que calificar la chapuza típica de país de charanga y pandereta. La secuencia comienza con la publicación en El País de una información que revela que una partida procedente de China de las pruebas rápidas para detectar los contagios son defectuosas, de baja calidad, con una sensibilidad del 30%, cuando debería ser superior al 80%. A perro flaco...

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, confirmó la devolución de un lote a una empresa china por España al no cumplir con el marcado CE de calidad. "Las especificaciones de este lote no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE; la empresa responsable va a cambiarlos y va a proveer a España de otro tipo de test rápidos", argumentó Simón, que está para los rotos y para los descosidos, un día y otro también.

La Embajada de China en España informó de que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, a la que según algunos medios Sanidad compró estos test rápidos, "no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos". Lío montado.

Sanidad matizó rápidamente que esta operación no está vinculada con la compra de material sanitario anunciada el miércoles por el ministro Salvador Illa y que se inició antes de que las autoridades chinas facilitaran nuevos listados de sus proveedores al Gobierno de España. Y el departamento que dirige Illa -el hombre que vino de combatir el procés y ahora lucha contra el infernal coronavirus- justificó que la partida defectuosa de test rápidos que no cumplen los estándares de calidad los compró a un proveedor nacional "de confianza", y ofrecían "todas las garantías", por lo que rechazó que haya habido "negligencia" por parte del Ejecutivo, según sostuvo el titular de Sanidad en una comparecencia en el Congreso.

Recalcó el político catalán que se trata de un partida de 659.000, de los que 50.000 test no se han distribuido, y que se van a cambiar. "Se han repartido 8.000", todos a la Comunidad de Madrid, "que se enviaron con unos criterios y advirtiendo de que había que validarlos", por lo que se detectó que no tienen el nivel de fiabilidad que el proveedor había confirmado.

El titular de Sanidad incidió en que existe un problema de desabastecimiento mundial, por lo que "hay que ir con cuidado donde se compra", en un mercado que está "desbordado" y "completamente loco". "Intento ser un ministro de Sanidad decente", dijo rotundo Illa a los diputados y fue tajante al responder a la petición del representante de Vox, Luis Steegmann, de que destituya a Fernando Simón: "No voy a cesar a nadie de mi equipo y no digo más".

Durante la comparecencia, la diputada del PP Concepción Gamarra acusó al Gobierno de ir "un paso por detrás del virus" lo que, a su juicio, "ha supuesto un gran riesgo para la salud pública", mientras que el socialista Vicente Daniel dijo que España siempre ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y todas las medidas han sido consensuadas con las comunidades. Daniel protagonizó un encontronazo con el diputado del PP José Ignacio Echániz, que le afeó que haya dejado "4.000 muertes encima de la mesa".

La portavoz del Gobierno, que sigue siendo María Jesús Montero aunque estas semanas dé la sensación de que ese trabajo lo hacen al alimón Illa y Simón, se expresó en términos similares a Illa. La también ministra de Hacienda afirmó que todas las administraciones públicas trabajan "de manera incansable" para conseguir material sanitario en los mercados internacionales en competencia con otros países: "Estamos en una guerra auténtica por hacernos con los respiradores, las mascarillas... En eso estamos todos", apuntó en Telecinco.

El problema, para la política sevillana, consiste en que "no se están cumpliendo por parte de los proveedores los plazos de entrega", lo que ha tenido como consecuencia que esta semana se hayan producido entregas inferiores a las previstas, un problema que "se va a a subsanar a lo largo del fin de semana y la semana siguiente".

El Gobierno chino no podía faltar en este follón de compraventa sanitaria. "El mercado es demasiado grande para supervisarlo", respondieron ayer desde Pekín, desde donde aseguran que no pueden garantizar la calidad de los productos si no están certificados por las autoridades, en relación con la compra por parte de España de los test defectuosos.