Las comunidades presionan para que el Gobierno prorrogue el estado de alarma

Madrid/El Gobierno mantiene que del 9 de mayo en adelante bastarán los "mecanismos habituales" para controlar la pandemia, algo de lo que dudan muchas comunidades y la oposición, que lamentan la falta de alternativas y el desamparo en el que quedarán sin el paraguas del estado de alarma.

"La declaración del estado de alarma ha funcionado. A partir del 9 de mayo mantendremos la vigencia de todas nuestras herramientas con los mecanismos habituales que nos ofrece la Constitución", ha defendido en su comparecencia en el Congreso la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Se trata de la última de las comparecencias mensuales a las que le obligaba el decreto de estado de alarma del pasado 25 de octubre y que ha insistido que no será necesario prorrogar, porque "ya podemos compartir con claridad el horizonte, un horizonte de esperanza que permitiría entrar en la senda de la normalidad". "El fin del estado de alarma va a suponer que las condiciones que justificaron su aprobación se han modificado sustancialmente", ha argumentado.

Este jueves, la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días se ha reducido levemente hasta los 230 casos, y la presión hospitalaria ha descendido al 7,7%, si bien la ocupación de las UCI ha subido medio punto, hasta el 23,4%.

Críticas de la oposición

A pesar de que la cuarta ola está estabilizada, Darias no ha convencido a ningún grupo de la oposición, de forma que la portavoz del PP, Ana Pastor, le ha recriminado que, ante una situación epidemiológica "aún preocupante", el Ejecutivo no haya ofrecido ninguna alternativa y siga sin apoyar que sea la legislación ordinaria la que baste "para tomar decisiones sin tener que estar permanentemente en estado de alarma".

Desde ERC, Joan Margall ha reconocido que en su grupo "no son grandes defensores del estado de alarma", pero sí ha recalcado que hay cuestiones "de enorme relevancia" que hay que resolver antes del 9 de mayo, como qué va a ocurrir con las contrataciones a personal sanitario que amparaba el real decreto. En este sentido, la ministra ha dicho que no se preocupe, porque se está trabajando en esas cuestiones.

Mientras, el PDeCAT ha insistido en que el Ejecutivo debe clarificar cuánto antes la alternativa al estado de alarma, porque, de lo contrario, generará desconcierto en las comunidades y también en los ayuntamientos.

Por su parte, a juicio del diputado de Vox Juan Luis Steegmann, el estado de alarma ha servido para "prohibir la libre circulación y la libre expresión de las ideas en las calles" y ha abogado por "la libertad para circular por toda España".

Pero el más incisivo ha sido Joseba Andoni Agirretxea, que le ha recriminado que desde su partido, el PNV, fueran "leales" con el Gobierno y ahora, cuando le han pedido prolongar el estado de alarma "por motivos estrictamente sanitarios, hayan hecho oídos sordos". "Ha dado un mensaje como si esto hubiera ya acabado, un mensaje optimista ante una realidad que no es la que usted ha dado", le ha afeado el diputado, quien desde el "enfado y la desilusión", ha lamentado que el Ejecutivo deje a las comunidades "al albur de las decisiones de los jueces de turno".

Arrecia la presión de algunas comunidades

No en vano, Euskadi es la comunidad que presenta la peor evolución de la transmisión del coronavirus, con una incidencia acumulada de 485 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Por ello, y tal y como le pidió por carta la pasada semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido una vez más en pedir la prórroga aunque sea con una duración tasada, posibilidad que ha respaldado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha rechazado que desde el Ejecutivo "se pase otra vez la pelota" a las autonomías.

Urkullu ha estimado que la prorroga podría perdurar durante uno o dos meses "hasta tener una situación epidemiológica con una tasa de incidencia por debajo de los 200 casos primero hasta alcanzar el objetivo de los 60 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Una propuesta que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha considerado "absolutamente razonable y sensata, porque no se puede dejar a comunidades autónomas con más de 400 casos por cada cien mil habitantes sin red".

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado de "imperdonable" que a menos de dos semanas para que decaiga el estado de alarma no se haya dado ninguna alternativa normativa que otorgue "seguridad jurídica" a las comunidades a la hora de adoptar posibles restricciones. Ha vuelto a reclamar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para ver "qué vamos a hacer" tras el estado de alarma.

También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por que la prudencia que se está teniendo con las medidas "se pudiera mantener al menos un mes" y, aunque es consciente de que "es doloroso e incómodo" tomar decisiones que "signifiquen fastidiar la vida a la gente", ha advertido: "Que nadie piense que el 9 de mayo acaben las mascarillas, ni probablemente el toque de queda".

Otras comunidades ya anunciaron que estudian un marco normativo por si fuera necesario limitar derechos fundamentales por la evolución de la pandemia, entre ellas Cataluña y la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la legislación actual permite establecer el estado de alarma para un territorio determinado, tal como ocurrió el pasado mes de octubre, cuando el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros decretarlo solo en Madrid y en otros nueve municipios de la región por su situación epidemiológica.

Alarma "permanentemente"

"No podemos mantener el estado de alarma permanentemente", ha sido la respuesta que ha dado la ministra. "No sé si soy optimista, pero empiezo a ser realista, y hay algo que me gustaría decirles y es que no ven nada, ni siquiera el ritmo que están consiguiendo entre todos con la vacunación. Siempre ven el vaso medio vacío", ha censurado.

La semana próxima España alcanzará 5 millones de vacunados con la pauta completa; a día de hoy, más del 90% de las personas institucionalizadas, y la práctica totalidad del personal sanitario y sociosanitario, están ya inmunizados.

En total, son más de 15,3 millones las dosis administradas; 11,2 millones de personas han recibido al menos una (el 23,7% de la población) y casi 4,2 millones ya han completado la pauta.