Las claves para entender el juicio a José Manuel Villarejo

Madrid/La Audiencia Nacional celebra este miércoles el primer juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo por tres supuestos encargos de espionaje investigados en la macrocausa conocida como Tándem, por los que se enfrenta a una petición total de la Fiscalía de casi 110 años de cárcel.

Casi cuatro años después de ser detenido y tras más de tres en prisión provisional, Villarejo será juzgado junto a más de 30 acusados -entre personas físicas y jurídicas- por tres de las 30 líneas de investigación que configuran esta causa.

La sección cuarta de lo Penal ha programado para esta semana dos jornadas de juicio -miércoles y jueves-, centradas en las cuestiones previas, de modo que habrá que esperar hasta noviembre para escuchar los interrogatorios de los acusados.

Éstas son las principales claves para entender el juicio, que se celebrará en la sede que el tribunal tiene en San Fernando de Henares (Madrid).

Más de 30 acusados y peticiones de cárcel de más de 100 años

Más de una treintena de acusados, incluidas algunas empresas, se sientan en el banquillo. Además de Villarejo, figuran otros antiguos mandos policiales como el exjefe de la Unidad Central Adjunta Operativa de la Policía Enrique García Castaño, conocido como el Gordo; los inspectores Constancio Riaño y Antonio Bonilla y el subinspector Javier Fernández.

También la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá; su hijo, José Manuel Villarejo Gil; el abogado Rafael Rendondo; el empresario Juan Muñoz -marido de la periodista Ana Rosa Quintana- y su hermano, o Susana García Cereceda, hija del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca, en Madrid.

La petición más alta de Fiscalía es para Villarejo, para quien solicita 109 años y 10 meses de prisión por delitos como cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

Le sigue Redondo (102 años), considerado por las acusaciones uno de los máximos colaboradores de Villarejo; García Castaño (87) y Gemma Alcalá (86).

El ministerio público ha llegado a acuerdos de conformidad con algunos acusados que rebajarían notablemente sus peticiones de condena a cambio de que reconozcan los hechos, como es el caso de los hermanos Muñoz, explican fuentes jurídicas.

Los tres encargos: Iron, Land y Pintor

El juicio gira en torno a tres presuntos encargos efectuados al grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, y al que la Fiscalía se refiere como "organización criminal", en busca de información sensible de personas o empresas, incluidos tráficos de llamadas o movimientos bancarios, y en los que el comisario se sirvió presuntamente de su condición policial.

El proyecto Iron fue encargado en 2013 supuestamente por el bufete Herrero & Asociados, también acusado y quien habría pagado 302.500 euros "de forma opaca" para espiar a un despacho rival, Balder Ip Law.

Land, por el que se pagó presuntamente 340.252 euros, se habría producido en el marco de una disputa familiar por la herencia del promotor de la urbanización La Finca, Luis García Cereceda.

Procisa, empresa de Susana García Cereceda (hija del empresario), habría contratado entre 2012 y 2014 a Cenyt para conseguir "información reservada de terceros" como Jaime Ostos, marido de su hermana Yolanda García Cereceda, para "poder presionarle" y que se apartara de la "gestión del elevadísimo patrimonio" de su mujer; o de la viuda del promotor, Silvia Gómez Cuétara.

En la pieza Pintor entrarían en juego los empresarios Juan y Fernando Muñoz, acusados de contratar entre 2016 y 2017 al excomisario -que ya estaría jubilado- en busca de información reservada para presionar a un exsocio por una deuda y conseguir que él y su abogado, el juez inhabilitado Javier de Urquía, "modificaran su estrategia procesal" en un procedimiento judicial.

Según la investigación, habrían pagado 20.000 euros a Villarejo, que les llegó a facilitar un vídeo de Urquía consumiendo cocaína, si bien no utilizaron la información que se les proporcionó.

Tras las dos sesiones de esta semana, el juicio se reanudará a principios de noviembre, cuando están señaladas tres jornadas. Después se retomará en enero de 2022, con una quincena de sesiones programadas.