Quién es Cándido Conde-Pumpido y por qué se le acusa de violación

Cándido Conde-Pumpido es un prestigioso abogado penalista español de 35 años que, entre otras personas, ha tenido clientes como Rafael Amargo, consiguiendo incluso su puesta en libertad. Es conocido porque su padre, del mismo nombre, es el presidente del Tribunal Constitucional dese principios de este año.

El pasado verano Cándido Conde-Pumpido (hijo) recibió el galardón Toga de Oro al mejor abogado penalista pero en los últimos años ha sido sobre todo conocido por protagonizar algunas polémicas con la justicia.

Presunta violación grupal

En esta última ocasión, la mujer que lo ha denunciado es trabajadora sexual y sostiene que acudió al domicilio del acusado, en Canillas (Madrid), para realizar un servicio. Una vez allí la mujer fue presuntamente violada, según su versión, por lo que Conde-Pumpido fue detenido tras activarse el protocolo para los casos de agresiones sexuales.

Sin embargo la jueza que instruye el caso decide ponerlo en libertad sin ningún tipo de medida cautelar tras afirmar que al ver la grabación de las cámaras de seguridad del domicilio en el que tuvieron lugar los hechos no se había producido ningún delito.

Según la magistrada lo que se ve en dichas grabaciones es a la trabajadora sexual en diferentes dependencias de la casa (cocina, salón, etc.), a veces en compañía de Conde-Pumpido y otras veces sola. Así pues afirma que se los ve durante un tiempo en la habitación pero que no hay ninguna secuencia que sea compatible con la narración de esa agresión sexual que hace ella en la denuncia. En el auto recoge que la mujer deambula libremente por la casa.

Fueron estas imágenes las que presentó el acusado para demostrar su inocencia y mantener que la versión de la denunciante es absolutamente falsa. Tanto la acusación particular como la Fiscalía solicitaban la imposición de una orden de alejamiento pero la jueza ha estimado que no era necesaria. A pesar de eso la magistrada ha dejado claro que la denuncia se va a seguir investigando.

La Policía cuenta con muestras biológicas recogidas tanto en el cuerpo de la supuesta víctima como en el chalet, que integran un informe que obra en poder del juzgado.

La versión de ella es que fue agredida sexualmente por Cándido Conde-Pumpido y por dos amigos más. Una vez que abandona la casa llama al 091 y es atendida por la Policía, que activa de inmediato el protocolo para estos casos.

De esta forma se acaban produciendo tres detenciones: la de Cándido Conde-Pumpido y la de otras dos personas que, presuntamente, habrían participado en los hechos. El hijo del presidente del Constitucional está en la casa todo el tiempo y por este motivo aporta dichas grabaciones. Otro de los detenidos consigue demostrar que no estuvo en ningún momento en la casa por la noche, que fue cuando estuvo la denunciante. Al tercer detenido se le arresta en las inmediaciones de la casa regresando al domicilio.

La mujer sostiene que ella es requerida para prestar sus servicios como trabajadora sexual en la vivienda de Conde-Pumpido. Una vez allí ella se niega a realizar determinadas prácticas y que por eso la drogan y acaba siendo víctima de una agresión sexual, produciéndose actos sexuales que no se han acordado previamente.

Los implicados, por su parte, niegan los hechos. Confirman que ella está en la casa pero incluso Conde-Pumpido asegura que lleva tiempo intentando que la mujer se marche pero no lo hace.

El historial del denunciado

No es la primera vez que Cándido Conde-Pumpido hijo acapara la atención de los medios y de la justicia. Éste ya fue denunciado en el año 2015 por presuntas coacciones a una jueza, la instructora del caso Pokémon.

En 2019 vuelven a denunciarlo por unas supuestas amenazas a punta de pistola, con un arma de aire comprimido indistinguible de una real según los testigos. La persona a la que presuntamente amenazó era alguien que debía dinero a uno de los clientes de su despacho.

En 2020 apareció en los medios de comunicación tras aceptar la defensa del bailaor Rafael Amargo cuando fue detenido por tráfico de drogas. Además de esto también fue imputado en enero de 2019 por blanqueo de capitales en un prostíbulo madrileño.

También lo relacionaron con la Operación Pompeya, en la que obtendría dinero proveniente de mafias y narcotraficantes. La última denuncia por la que se le investiga se ha producido ahora, tras una supuesta agresión sexual en grupo a una mujer, por lo que este hecho se suma a su polémico historial de problemas con la justicia.