A qué penas se enfrentan los acusados en el juicio por narcotráfico de Los Castañas

El juicio que comenzó ayer, 10 de abril, en la desde de la Audiencia Provincial de Cádiz situada en Algeciras, se celebrará, previsiblemente, hasta el mes de junio de este año, aunque no se descarta que se extienda hasta julio en 32 sesiones. Será el mayor juicio contra el narcotráfico celebrado hasta la fecha en España.

En él había, inicialmente, 157 personas acusadas, de las cuales solo pudieron sentarse en el banquillo 146 ya que las otras 11 se encuentran en situación de rebeldía, desaparecidos y con una orden de búsqueda y detención.

El principal acusado en esta causa es uno de los líderes de la banda de Los Castañas, Antonio Tejón. El resto son personas que supuestamente han colaborado con ellos en diferentes momentos.

Durante la primera sesión de la vista oral y como consecuencia del tiempo que ha pasado desde que se capturó a Tejón (dilaciones indebidas), se han retirado 20 acusaciones y se han podido pactar 62 condenas.

Operación Dismantle

El juicio es el resultado de la llamada Operación Dismantle, que tal y como recoge Europa Sur, ha estado desarrollada por unos 400 agentes del OCON sur y el CCON Sur de la Guardia Civil entre el 24 de febrero y el 15 de septiembre de 2020.

El clan de Los Castañas fue desarticulado hace ahora algo más de dos años y sus principales líderes son los hermanos Antonio y Francisco Tejón. Funcionaban como el principal grupo de narcotraficantes en la zona del Campo de Gibraltar, repartiéndose el territorio con el conocido como ‘El Messi del hachís’.

Fueron descubiertos gracias a una macro operación en la que los agentes siguieron la pista de los narcos instalando geolocalizadores ocultos en sus lanchas y vehículos.

Los acusados y las penas

El principal acusado en este proceso es Antonio Tejón. En su escrito de acusación la Fiscalía Antidroga ha pedido para él 15 años y 9 meses de prisión y 104 millones de euros de multa por delitos contra la salud pública, receptación y contrabando (por el uso de narcolanchas prohibidas) y pertenencia a grupo criminal. Según la Fiscalía, Antonio Tejón, ya desde prisión, siguió coordinando una red con una incesante actividad para introducir alijos de hachís en las costas andaluzas desde Marruecos.

El resto de los acusados se dividen en dos grupos: los 45 que formaban parte de los escalafones superiores de la organización y otro centenar que presuntamente trabajaban para ellos y hacían tareas menos relevantes, relacionadas con la vigilancia o la recogida de fardos.

Para todos, la Fiscalía pedía dos multas de 50 millones de euros, aunque distintas penas de prisión dependiendo de sus tareas y participación.

En total, la Fiscalía Antidroga de Algeciras solicitaba para los encausados casi 2.000 años de cárcel y cerca de 16.000 millones de euros en multas por delitos contra la salud pública (narcotráfico), contrabando de tabaco y pertenencia a organización criminal, a los que se suman los de posesión de armas y atentado contra agente de la autoridad en el caso de tres de los implicados.

En el escrito, la Fiscalía relata cómo la red contaba con narcoembarcaderos, lanchas, drones, pesqueros, tractores, camiones y un sinfín de medios para introducir sus alijos, desviándose hacia otras zonas de la costa andaluza como consecuencia de la presión policial.

Adaptación de la sala y dilaciones indebidas

Desde febrero de 2022 la Junta de Andalucía ha estado estudiando cómo ubicar a todos los acusados en la sala para poder celebrar el esperado juicio.

Pese a que los jueces de Algeciras llevaban años denunciando que la falta de una sala iba a aplazar el enjuiciamiento de las decenas de macrocausas contra el narcotráfico que se tramitan en la ciudad y en los juzgados de La Línea y San Roque, la Junta no ha decidido cómo solucionar la cuestión hasta un año más tarde de que la Fiscalía presentara el primer escrito de acusación.

Entre las opciones también se barajó la posibilidad de desplazarse hasta Málaga para la celebración del juicio pero se consideró más plausible facilitar el acceso de dichos acusados y realizarlo, por tanto, cerca de su lugar de residencia.

Por ello el gobierno andaluz ha tenido que invertir más de 150.000 euros para adaptar la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras.

De esta forma, una parte de los acusados estará en una sala en la primera planta, junto al tribunal, fiscales y abogados, y la otra se sentará en otra sala de la planta baja. En este último espacio se han instalado pantallas y un sistema informático para que puedan seguir el proceso en todo momento, si bien cuando sean llamados a declarar tendrán que subir hasta la primera planta.

Igualmente, el tribunal podrá ver en todo momento imágenes de las otras salas donde se encuentran los acusados a través de un circuito cerrado.

La demora en la celebración del juicio ha provocado que Antonio Tejón y tres de sus presuntos colaboradores continúen, actualmente, en prisión provisional a pesar de que en septiembre de 2022 se cumplieran los dos años como máximo que la ley estipula que se puede permanecer en esta situación preventiva.

A petición de la Fiscalía Antidroga, la Audiencia de Cádiz decidió de forma excepcional prorrogar la estancia en la cárcel de esos cuatro encausados atendiendo al riesgo de fuga, su reincidencia y la gravedad de los delitos que se les atribuyen.

Esto podía traer consigo que las defensas de los acusados solicitaran, tal y como pasó, una reducción de las penas apoyándose en el artículo 24.2 de la Constitución, al 6 del Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y al 21.6 del Código Penal.

Tal y como recogía ayer Europa Sur y según fuentes judiciales, los acuerdos alcanzados por la Fiscalía con las defensas de 62 de los acusados afectan a delitos por contrabando, con penas finales de 3 años y 9 meses (en vez de los 5 años previstos en el escrito de acusación) y contra la salud publica, es decir, tráfico de drogas, de 4 años en lugar de los 6 años iniciales.