Operación Mano Negra: trabajadores de un geriátrico roban las herencias de 22 fallecidos

La investigación de este caso, al que se conoce como ‘Operación Mano Negra’, se puso en marcha en mayo de 2021, después de tener conocimiento de que alguien había quitado los precintos judiciales de una vivienda cuyo propietario había fallecido. También sustrajeron una motocicleta de marca Harley Davidson, diversos objetos del domicilio y llevaron a cabo reformas para alquilar el inmueble.

La trama esta dirigida por dos hermanos de Bizkaia: una mujer de 63 años, licenciada en Derecho, y un hombre de 54 que es mediador de seguros. Ambos operaban entre Alicante, Valencia y Bizkaia y junto a ellos han sido detenidos trabajadores de uno de los geriátricos en Alicante y dos empleados del tanatorio.

A todos se les acusa de haberse apropiado de las herencias de 22 anciados fallecidos, además de haber cometido un delito de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas.

La gran mayoría de las víctimas eran ciudadanos extranjeros que fallecían en la provincia de Alicante y no tenían herederos, lo que facilitaba el fraude Los casos se vieron agravados con la pandemia del covid, ya que morían más personas en esas fechas. Los fallecidos eran de Francia, Bélgica, Suiza, Gran Bretaá, Alemania y Finlandia, aunque la Guardia Civil no descarta que aparezcan nuevas víctimas.

La Guardia Civil ha podido acreditar que esta trama se apropió de una veintena de inmuebles valorados en más de tres millones de euros, así como de joyas, dinero en efectivo que tenían en cuentas bancarias y otros bienes de los fallecidos.

El juzgado de Instrucción número 2 de Dénia decretó prisión para la abogada no ejerciente que está considerada la líder de la banda y medidas cautelares para el resto.

Su modus operandi

Las pesquisas de esta primera fase condujeron a la Guardia Civil hasta dos trabajadores de un tanatorio de Alicante. Según los investigadores, estos empleados robaban las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares y pasaban información a otros integrantes del grupo para desvalijar las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias.

Como ha compartido Caso Abierto, la mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias de Dénia y Euskadi y cuatro gestorías de Bilbao y Cantabria, mientras que su hermano era propietario de una correduría de seguros.

Las inmobiliarias eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos, mientras que en las gestorías elaboraban falsos contratos mercantiles para convertir a los difuntos en avalistas de sus empresas. Así lograban que los fallecidos tuvieran una responsabilidad patrimonial y se apropiaban de sus bienes de una forma muy económica.

Por otro lado, los hermanos eludían del pago de impuestos a través de una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller mecánico en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Dénia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta. Asimismo, se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.

Entre los detenidos también figura trabajador de un geriátrico de la zona, el cual obtuvo la documentación y claves bancarias de sus víctimas y llegó a transferir a las cuentas del grupo más de 112.000 euros de dos residentes nonagenarias de nacionalidades alemana y suiza.

Detenciones

La Guardia Civil decidió actuar en octubre del pasado cuando año, cuando detectó que la cabecilla planeaba irse al extranjero. Por ello, detuvieron a esta mujer y a otros siete hombres, además de investigar a tres personas más.

En los registros intervinieron cinco armas de fuego, cerca de cien piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil, ocho vehículos a motor, una billetera fría de criptomonedas, 20 inmuebles y se bloquearon 71 cuentas bancarias que están siendo analizadas.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Calp y el Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante.

Asimismo se ha contado con la colaboración de las unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Calp y de la Comandancia de Valencia, así como de personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de Alicante y Bizkaia.