Se investiga si hubo alguien implicado en el caso de la Guardia Civil que mató a sus hijas

El 15 de diciembre una guardia civil aparecía muerta junto a sus dos hijas en la casa cuartel en la que vivían en el municipio conquense de Quintanar del Rey. El suceso se trató siempre como un filicidio.

Paola, de 43 años de edad, habría asesinado a sus dos hijas de 9 y 11 años con su arma reglamentaria y posteriormente se habría quitado la vida con la misma pistola. Nadie oyó nada pero los expertos de criminalística conocen cuándo estos casos están producidos por terceras personas y cuándo no y todo apuntaba a que así se habían dado los hechos.

El contexto que vivía la mujer, con una separación y las conversaciones sobre la custodia de las pequeñas, explicaría por qué había cometido el asesinato.

Sin embargo, algunas personas cercanas a la familia aseguraron que ella no se llevaba mal con su expareja ni con su familia, que la separación estaba siendo tranquila y que las pequeñas pasaban mucho tiempo en casa de sus abuelos paternos.

Sí se hablo de la intención de Paola de trasladarse al sur, de donde era, pero era un trámite que ni siquiera ella había solicitado. Tampoco había dado ninguna muestra de tener problemas relacionados con su salud mental y, a pesar de que estaba en terapia, ésta no tenía nada que ver con este tipo de condiciones. Había recibido hacía un mes un curso sobre la prevención de los suicidios dentro del cuerpo y el fin de semana antes del 15 de diciembre había estado en Algeciras junto a su madre y su hermana, con las niñas, comprando ropa y haciendo planes para la Navidad.

Por eso la madre de la presunta agresora ha emitido un comunicado en el que pide que se investigue con detalle el caso porque Paola tenía otra relación desde hacía algo más de un año que no le aportaba demasiada estabilidad emocional.

En su comunicado sostiene que la relación con su exmarido estaba finalizada “con un convenio regulador de mutuo acuerdo ratificado en el juzgado correspondiente”. Por eso pide que se deje de acusar a su hija hasta que no se esclarezca lo sucedido, que además es una investigación que está bajo secreto de sumario. “Hay que dejar a los investigadores hacer su trabajo y abstenerse de enjuiciar a mi hija, cuando es presunta y hacer acusaciones en base a nada”, pide la madre.

A pesar de que cuando tuvieron lugar los hechos la Guardia Civil aseguró que no había ninguna duda de que se trataba de un suicdio, el hecho de que no hubiera cámaras de seguridad que pudieran corroborar que nadie participó en el suceso dificulta su investigación. El caso actualmente se sigue instruyendo y aun continúan recabando pruebas para esclarecer lo sucedido.