Declaran culpable al acusado del crimen de Valga: hubo premeditación y era consciente de lo que hacía

El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad a José Luís Abet por haber asesinado a tiros a su exmujer, Sandra Boquete; a su exsuegra, María Elena Jamardo, y a su excuñada, Alba Boquete, el 16 de septiembre de 2019 en el municipio de Valga, en la provincia de Pontevedra.

El juicio, que dio comienzo el 6 de marzo, se extendió durante cinco días en la Audiencia Provincial de Pontevedra y a puerta cerrada como medida de protección hacia los dos hijos de Abet y su exmujer, que son menores de edad.

En él los nueve miembros del jurado han considerado que José Luís mató de manera intencionada a estas tres mujeres y ha desestimado que actuase bajo una alteración psíquica que limitase su capacidad mental. También rechazó que obrase bajo un estado de arrebato u obcecación en el momento de perpetrar el crimen.

El jurado estuvo reunido desde el mediodía de este martes para deliberar acerca del veredicto sobre José Luis Abet, autor confeso del triple crimen y que pidió perdón en la última sesión del juicio.

La alteración del informe de la defensa, con la inclusión de la atenuante analógica de confesión tardía, hizo que se retrasara la presentación de las conclusiones de la Fiscalía y las acusaciones, que estaban previstas para la semana pasada.

La lectura del veredicto ha tenido lugar en la noche de este martes, 14 de marzo, en la Audiencia Provincial y en ella también han tenido en cuenta la responsabilidad del encausado en la tenencia ilícita de armas y en las lesiones psíquicas que les ha provocado a sus dos hijos después de que presenciaran cómo éste mataba a su madre.

En la vista declararon 21 testigos y 17 guardias civiles, así como técnicos periciales de las áreas de psicología, medicina forense, balística y expertos del departamento de Química de la Guardia Civil.

En un principio también estaba llamado a declarar el hijo mayor de Abet, que ahora tiene 11 años, pero esto se descartó para poder salvaguardar su intimidad. En su lugar se reprodujo en la sala la grabación de la declaración que el niño prestó sobre lo ocurrido cuando tuvieron lugar los hechos.

Hubo premeditación

Según ha compartido La Voz de Galicia, en su escrito, el jurado considera probado que Abet, días antes del crimen, compró un revólver en perfecto estado con el registro borrado y una caja de munición.

El 16 de septiembre del año 2019, portando dicho revólver, se dirigió a la casa en la que vivía Sandra en Valga, a sabiendas de que era la hora de salida hacia el colegio de sus hijos. Con la intención de acabar con la vida de su exmujer, colocó su coche delante de la puerta del garaje bloqueándole la salida, de tal manera que cuando Sandra abrió el mismo tuvo que detener su vehículo.

El acusado se colocó a la altura de la ventanilla de su exmujer y le descerrajó cuatro tiros en cuello, cabeza y pecho, sin que ésta pudiera defenderse.

Sus hijos, de 4 y 7 años, estaban dentro del coche en ese momento y lo vieron todo. Huyeron y pudieron resguardarse en casa de un vecino que escuchó los disparos.

Esa mañana Sandra había llamado a su madre y su hermana porque había visto a su exmarido merodear por la zona y tenía miedo.

El jurado también considera probado que cuando ya abandonaba el lugar en su coche, Abet se cruzó con el vehículo en el que viajaban su exsuegra y su excuñada, que iban a proteger a Sandra, y decidió dar la vuelta para acabar con la vida de ambas.

Se bajó de su coche, y tras recargar el revólver, disparó a María Elena cuatro tiros cuando esta intentaba socorrer a su hija Sandra. La exsuegra tampoco tuvo ocasión para defenderse. Acto seguido, fue a por Alba, disparándole tres veces y causándole la muerte en el acto, sin que tampoco su tercera víctima tuviese posibilidad de huir.

Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía pidió 25 años de cárcel por cada uno de los asesinatos, o en su defecto la prisión permanente revisable.

También pidió 3 años por tenencia ilícita de armas y 10 por las lesiones psíquicas causadas a sus hijos. La acusación particular eleva la petición de pena a 20 años por los daños a los menores.