Crímenes sin resolver en España: las incógnitas de la muerte de la joven Déborah Fernández

La tarde del 30 de abril de 2002, después de ir a clase y a la peluquería para depilarse, Déborah, de 22 años y original de Vigo, salió a correr con ropa de deporte. Estaba estudiando Diseño Gráfico y ese día salió trotando en dirección a la playa de Samil. Nunca volvió a casa.

Diez días después de su desaparición, una vecina del municipio de O Rosal, a 40 kilómetros de la ciudad, encontró su cuerpo en una cuneta. La señora creyó al principio que se trataba de un maniquí de melena negra. Era Déborah Fernández.

El escenario del crimen había sido recreado por quien la mató. Su cuerpo estaba rodeado de pistas falsas. No presentaba señales incriminatorias ni tampoco rastro de la cera de la peluquería. Alguien lo había lavado cuidadosamente y lo había conservado durante unos días en frío, posiblemente en un arcón.

Ella estaba parcialmente cubierta de ramas y junto al cuerpo había un preservativo usado, un pañuelo de papel y un cordón de chándal.

Se hallaron restos de semen en su vagina pero la autopsia determinó que alguien se lo había inyectado estando ya muerta. El fluido no coincidía con el perfil genético de ningún varón cercano a la víctima. El caso, cuya investigación fue muy criticada porque parece ser que existieron negligencias, llegó a ser tratado como una muerte súbita.

Solo el trabajo de fondo de la familia de Déborah y el multitudinario apoyo que consiguieron gracias a las redes sociales, consiguieron reabrir el caso en 2019, a pesar de haber sido archivado en 2010. Llegó a pasar por tres jueces y unos ocho equipos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La aparición de un testigo que situaba a la muchacha en un lugar distante del itinerario de regreso a casa trazado por los investigadores sirvió para que la Policía retomase el trabajo y el juzgado de Tui (Pontevedra) reabriera la causa.

Pero desde entonces no se ha averiguado mucho más, a pesar del esfuerzo de los padres de Déborah para que se esclareciera lo sucedido. El crimen prescribió en 2022, después de 20 años sin que se encontrara al culpable. Solo seguirán abiertas las diligencias referidas al exnovio de la muchacha, al que imputaron in extremis tres meses antes de que prescribiera el caso.

Al ser llamado a declarar, por primera vez, en sede judicial en calidad de investigado, de momento la caducidad de la causa ha quedado para él en suspenso. Tanto él, que ahora ronda los 50 años, como Déborah pertenecían a un acomodado círculo social de la ciudad gallega.

Ahora la familia sigue desembolsando una elevada cantidad de dinero para dar con la persona que asesinó a Déborah Fernández en 2002, cuando tenía 22 años y toda la vida por delante.