La aldaba
Carlos Navarro Antolín
El rey brilla al defender lo obvio
El fiscal ha mantenido la petición de dos años y medio de cárcel para el ex concursante de Gran Hermano Revolution, José María López, al considerar que abusó de Carlota Prado después de escuchar el testimonio de la víctima y ver las imágenes de los hechos acontecidos la madrugada del 3 de noviembre de 2017. La defensa del acusado ha pedido su absolución al considerarlo inocente y afirmar que no existen pruebas concluyentes que demuestren que hubo abuso.
El juicio arrancó a puerta cerrada el pasado 3 de noviembre con la declaración del acusado, que argumentó que las relaciones que mantuvo con Carlota Prado en la casa de Gran Hermano fueron consentidas, manifestando que no tuvo la percepción de que ésta estuviera inconsciente.
Durante la sesión, en la que ha comparecido un psicólogo, se ha procedido al visionado de las imágenes que grabaron la relación sexual entre ambos, lo que pasó antes y lo que sucedió después. También se han visto los momentos en los que la dirección del programa le contaba a la afectada lo sucedido. Por su lado, los peritos criminológicos han manifestado que los movimientos que se aprecian bajo el edredón parecen ejecutados por dos personas y consideran que en la retirada del pantalón tuvo que participar la joven.
Los presuntos abusos sexuales habrían tenido lugar tras una fiesta en la que ambos, acusado y víctima, ingirieron alcohol, que pudo dejar a la joven en un estado de semiconsciencia, lo que supone para la Fiscalía, motivo para que se considere un abuso de su libertad. Es por esto por lo que ha mantenido su petición de dos años y seis meses de cárcel para el acusado, además de una indemnización de 6.000 euros para la víctima. También ha pedido la misma cantidad para la productora del programa por los daños y perjuicios ocasionados a Prado. El juicio, que se ha podido celebrar 5 años después de lo sucedido, ha supuesto una “liberación” para la víctima y queda, actualmente, visto para sentencia.
Con fecha de entrada en vigor el 7 de octubre de 2022, la ley integral de libertad sexual (LO 10/2022), acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual (la segunda implicaba violencia hacia la víctima) y mediante la cual se considera que todo acto sexual sin el consentimiento de la otra persona se determina como una agresión, castigada con pena de prisión de 1 a 4 años.
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