El caso Mari Luz

El 13 de enero de 2008 comenzó a escribirse la tragedia de una familia, la historia de un monstruo y se iniciaba el relato uno de los episodios más sangrantes del sistema judicial español. Aquel día, en la Plaza Rosa de El Torrejón (Huelva), una niña de cinco años, Mari Luz Cortés, desaparecía a plena luz de día a escasos metros de su casa. A la vuelta de la esquina, Santiago del Valle la esperaba oculto en la oscuridad. Los pasos de la pequeña se perdieron a las mismas puertas del domicilio del pederasta, en la Avenida de las Flores.

Durante 54 días consecutivos se escudriñó palmo a palmo la ciudad y se peinaron diez kilómetros a la redonda. Investigadores, efectivos policiales y cientos de voluntarios buscaron por tierra, mar y aire. El rostro y la historia de Mari Luz daban la vuelta al mundo, despertando una movilización ciudadana espontánea que recorrió el país de punta a punta y provocando una marcha sin precedentes en Huelva (10.000 personas se echaron a la calle para pedir su libertad).

La confirmación de la muerte de la niña, cuando su cadáver fue encontrado flotando en las aguas de la ría de Huelva (7 de marzo), desató el llanto de media España, hizo tambalear los cimientos del sistema judicial y puso contra las cuerdas a los propios legisladores. Detrás de las lágrimas de todos, de las reformas legales llegadas (y las prometidas), la lucha sin descanso de un padre, Juan José Cortés, y el silencio más sacrificado, el de Irene Suárez, la mujer que llevó en sus entrañas a Mari Luz.

Primero la desaparición de la niña y, después, su muerte: los dos mayores varapalos inimaginables para Juan José Cortés, convertido en fenómeno de masas en la peor de las circunstancias, y su esposa. Pero no serían los únicos.

Santiago del Valle y su mujer, Isabel García, abandonaron Huelva al día siguiente de la desaparición de Mari Luz y fueron detenidos en Granada a los tres días. La falta de pruebas obligó a la Policía a dejarlos en libertad. Se intervinieron sus teléfonos y los investigadores le siguieron la pista. El 25 de marzo, el pederasta, su esposa, y su hermana, Rosa del Valle, eran detenidos en la estación de autobuses de Cuenca, provincia a la que se habían trasladado a vivir. El presunto asesino de la niña tenía intención de abandonar el país y había hecho incluso gestiones para tratar de cobrar la pensión más allá de la frontera española. Los acontecimientos se precipitaron.

La llegada a Huelva de los detenidos dos días después (27 de marzo), para declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1, se convirtió en una auténtica batalla campal. Más de medio millar de personas recibieron entre pedradas y altercados a los hermanos Del Valle, para los que la autoridad judicial decretó prisión.

Aquel mismo día daba comienzo otro calvario para los padres de la víctima, al conocerse no sólo el rosario de antecedentes de Santiago del Valle por abusos sexuales a menores sino una sentencia de 2002 contra el pederasta por abusar sexualmente de su propia hija, que el juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, no llegó a ejecutar: el pederasta debía estar cumpliendo condena en prisión cuando supuestamente acabó con la vida de Mari Luz aquel fatídico 13 de enero de 2008.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmaba en diciembre la multa de 1.500 euros impuesta por el anterior Consejo al juez Tirado por retrasos en la ejecución de la sentencia y descartaba la inhabilitación, como había solicitado la Fiscalía, que anunció recurso ante el Tribunal Supremo. El juzgado de Instrucción número 1 de Huelva tiene cuatro tomos de sumario (alrededor de 2.000 folios) Las pruebas científicas, el análisis de cabellos encontrados sobre la ropa que llevaba Mari Luz, así como otros, en el coche de Rosa del Valle y tomados de la cazadora del pederasta, no incriminan a ninguno de los tres imputados.

Santiago del Valle ha cambiado hasta en tres ocasiones su declaración. "Lo hice por eso que me pasa con las niñas y que no puedo evitar" dijo en su última declaración, en la que exculpó a su mujer y a su hermana Rosa y en la que afirmó que arrojó el cuerpo de Mari Luz a una alcantarilla. "No sé si estaba o no viva. No sé si murió después de arrojarla a la alcantarilla por el golpe o porque hubiera agua". Los forenses del Instituto de Medicina Legal y el doctor Luis Frontela, contratado por la familia, discrepan sobre el momento en el que murió la niña. La acusación particular ha renunciado al informe de Frontela.