Asperger España reclama en el Congreso el reconocimiento de la discapacidad psicosocial

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad acogió el martes la comparecencia del nuevo presidente de la Confederación Asperger España en el Congreso de los diputados con el objetivo de conseguir el apoyo de los parlamentarios para instar al Imserso a que reconozca la categoría discapacidad psicosocial, lo que permitiría que las personas en el espectro autista puedan acreditar su condición y acceder a los ajustes razonables en el empleo público, la educación y en los ámbitos que lo requieran.

En su intervención, Rafael Jorreto, dando voz a las miles de familias agrupadas en 26 asociaciones de todo el territorio español, ha puesto de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las personas en el espectro autista por la ausencia de una categoría específica en la clasificación de la discapacidad, ya que en la actualidad, el baremo que maneja el Imserso distingue entre discapacidad física, sensorial y psíquica y, dentro de esta última, “se contempla la enfermedad mental y la discapacidad intelectual”.

Las características de las personas con Asperger no se corresponden a ninguna de estas dos modalidades, indicó, y por este motivo “se quedan fuera del empleo público reservado para personas con discapacidad intelectual; no reciben las adaptaciones en exámenes y pruebas que sí necesitan, o resultan excluidas de muchas ayudas”. En opinión de Jorreto, estas personas sufren “una doble discriminación” y “muchas veces se ven en desamparo” por esta suerte de invisibilidad.

Destacó que, en la etapa educativa, casi el 100% de estos alumnos sufren bullying; que el 84% del colectivo está en paro, pese a que “alcanzan una formación media y superior”; que muchos llegan a la vejez con escasos recursos y que presentan “un índice alarmante de suicidio”. De hecho, un 33,2% de las personas con síndrome de Asperger han tenido ideaciones suicidas, y más de un 24% lo ha intentado.

Asimismo, solicitó “una financiación justa y estable” y afirmó que asociaciones como Asperger España “son vanguardia internacional en la generación de conocimiento, atención y prestación de servicios, sin apenas apoyo público”. A su juicio, las asociaciones de personas con discapacidad y de sus familias prestan "una asistencia que correspondería a las administraciones públicas”. “No nos parece justo que debamos competir por las ayudas públicas entre nosotras porque cada una atendemos a un tipo de discapacidad distinto”.

También aprovechó para recordar que la cuantía de las becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo lleva 10 años congelada.

Esta comparecencia tuvo lugar tras las reuniones mantenidas con Luis Cayo, gerente del Cermi estatal y con Virginia Carcedo, secretaria general de la Fundación ONCE, en las que Rafael Jorreto y otros miembros de la Junta Directiva de Asperger España han puesto de manifiesto los problemas específicos del colectivo de personas TEA-1 que defiende Asperger España, y el activismo en primera persona que se ejerce desde la entidad, ya que el 50% de la junta directiva está formada por personas con diagnóstico de espectro autista.