Ocho de cada diez agresores sexuales a menores son familiares o conocidos de la víctima

Madrid/En 8 de cada 10 casos de abuso sexual a menores el agresor es un conocido o familiar de la víctima, principalmente el padre o la pareja de la madre, y en casi 7 de cada 10 el autor de los hechos no tiene antecedentes penales, según un informe de Save The Children dado a conocer este jueves.

El perfil de la víctima es de una niña que comienza a sufrir abusos a los 11 años, hechos que son denunciados con ayuda de su madre y son juzgados en procesos que se alargan hasta los tres años.

Son conclusiones del análisis realizado por la ONG de 389 sentencias emitidas entre 2021 y 2022 sobre casos de abusos sexuales cometidos hacia la infancia que suman 478 víctimas y de las cuales el 88,3% acabaron en condena.

En relación a los agresores, la mayoría de ellos pertenecen al entorno de la víctima: el 40,6% del total son familiares, entre los que destacan la pareja de la madre y el padre, y el 42,3% son otros conocidos, como amigos de la familia o de la víctima o profesionales que trabajan con los menores.

Además, se observa que el 67,2% de los agresores no tienen antecedentes penales y, de los que sí los tienen, sólo en el 4% de los casos había sido por delitos contra la libertad sexual.

La directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, Catalina Perazzo, ha señalado durante la presentación que este análisis "permite desmontar el mito de que las personas que agreden son monstruos y de que si esto ocurriera en nuestro entorno nos daríamos cuenta".

Sobre las víctimas, el estudio refleja que en el 68,6% de los abusos sexuales estudiados hay una sola víctima (aunque en algunos casos llega a haber hasta siete) y en el 80,3%, se cometen contra niñas y adolescentes, tendencia que se mantiene respecto a los últimos años.

Por edad, la media en la que comienzan a sufrir los abusos se sitúa alrededor los 11 años: entre 2021 y 2022, un 50,6% de los casos se produjeron entre los 10 y los 14 años.

Procesos judiciales más largos

El informe también recoge algunos detalles de los procesos judiciales estudiados y concluye que las principales personas que los activan son la madre (en el 28% de los casos) y la víctima (en un 20,9%).

Sobre su duración, el 24% se alargaron entre los 2 y 3 años y se ha incrementado el número de casos no resueltos en 2 años.

Pese a que es difícil saber el número de veces que la víctima ha tenido que relatar los hechos en cada caso porque en muchas sentencias no consta este extremo, Save The Children ha observado que "hay víctimas que siguen teniendo que declarar antes del juicio hasta tres veces" ante la Policía, la Fiscalía o el juzgado.

Sólo se aceptó la grabación del testimonio de la víctima como prueba preconstituida en el 24,9% de las sentencias, lo que no supone ninguna mejora respecto a 2019-2020, y en algunos casos, aún así la víctima volvió a tener que prestar declaración en la vista oral.

"Como un zombi"

En la presentación del informe de este jueves ha participado también Carmen Corrales, quien sufrió abuso sexual entre los 10 y 14 años por parte de su abuelo y denunció los hechos cuando tenía 17.

Lleva esperando que se celebre el juicio ocho años y medio y ha tenido que relatar lo ocurrido hasta en cinco ocasiones, la primera de ellas en el cuartel de la Guardia Civil de su pueblo. "Lo primero que me preguntó el agente es si me había acordado en ese momento y por qué había tardado tanto", ha narrado.

A ésta le siguieron otras experiencias también desagradables, con sesiones de varias horas en sitios oscuros, en las que era grabada con múltiples cámaras, con muchísimas preguntas. "Cada vez que salía era como si fuera un zombi, no podía hablar ni andar, me dejaba destrozada", ha relatado la víctima.

En su informe, Save The Children ha recordado que la Ley de protección a la infancia frente a la violencia, en vigor desde junio de 2021, establece la obligación al Gobierno de presentar en un año otro proyecto de ley para la creación de la especialización de la justicia en este tipo de hechos, el cual sigue siendo "una deuda pendiente con las víctimas".

La organización pide la implantación de juzgados especializados, la creación de una Fiscalía específica, formación inicial y constante para todos los operadores jurídicos y asistencia a las víctimas desde el principio hasta el final del proceso.