Los afectados por la marea negra del 'Prestige' piden más de 1.200 millones
La instrucción del accidente de 2002 llega a su fase final, pendiente de las conclusiones de varios informes periciales · El fiscal atribuye la lentitud del proceso a un "problema estructural de la Justicia"
Los afectados por la marea negra del fuel desprendido tras el hundimiento en noviembre de 2002 del petrolero Prestige reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros, según el fiscal encargado de la instrucción del accidente, Álvaro García Ortiz.
En una entrevista con Efe, García Ortiz indicó que aproximadamente más de mil millones de euros corresponden a reclamaciones de personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, las comunidades autónomas afectadas y el Estado español; y más de doscientos millones de euros de peticiones cursadas en Francia, aunque García Ortiz precisó que la suma total aún no está contabilizada.
La investigación del hundimiento del buque el 13 de noviembre de 2002 a unas doscientas millas de la costa gallega se encuentra en la "fase final de la instrucción", según el fiscal, quien señaló que está esperando los informes de los peritos. El primer perito es un ingeniero naval que debe presentar sus conclusiones sobre el "estado del barco", un petrolero monocasco que partió del puerto ruso de San Petersburgo, en el mar Báltico, y cruzó el Canal de la Mancha antes de rodear la costa gallega, y documentar "cuándo y en qué cantidad se produjo el primer vertido" de fuel, comentó el fiscal, especializado en temas de medio ambiente. Ese experto naval debe además facilitar en su informe datos precisos sobre la "arquitectura" de la nave, y "si el barco colapsó, algo sobre lo que hay discusión, y si vertió mucho o poco fuel" en el momento del hundimiento y previamente. Un segundo perito, un capitán marítimo, debe explicar en términos de navegación "qué riesgo tuvo la decisión de alejar el barco" de la costa gallega y "qué riesgos podrían haber tenido otras" opciones, aseguró.
Por último, un informe pericial en curso debe concluir la evaluación de los daños económicos, algo "extraordinariamente muy complejo", comentó el fiscal García Ortiz, y subrayó que "quizás los peritos tengan poco tiempo" para concluir su informe. La titular del Juzgado de Corcubión, Carmen Veira, que instruye el sumario, ha pedido que esos informes le sean remitidos antes del 15 de octubre, a lo que la Fiscalía ha respondido pidiendo una ampliación del plazo. García Ortiz subrayó que la demora del proceso sobre el accidente ocurrido hace casi seis años obedece a un "problema estructural" de la Justicia, y observó que los funcionarios del Juzgado de Corcubión hicieron "gran esfuerzo", aunque esa jurisdicción "no estaba preparada" para afrontar una instrucción de 100.000 folios en la parte civil y 50.000 en la penal, más la documentación de las piezas separadas. El fiscal destacó la complejidad del asunto, con ramificaciones en diez países, e indicó que el buque tenía bandera de Bahamas, aseguradora británica, clasificadora estadounidense, fletadora suiza con sede en Londres, aunque dueño, propietario registral, armador y capitán de nacionalidad griega. Apuntó que las autoridades francesas han accedido a confiar la investigación iniciada por un juzgado de Brest, en Bretaña, a la Justicia española, lo que constituye una primicia en el derecho internacional.
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