Teresa Romero pide 150.000 euros al consejero de Sanidad por atentar contra su honor

Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que logró superar el virus del ébola, ha solicitado una indemnización de 150.000 euros al consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez, por atentar "gravemente" a su honor por las acusaciones "falsas" que éste realizó en relación a su contagio del virus al manifestar que pudo haber mentido con sus síntomas.

Así consta en la demanda civil que los abogados de la sanitaria, defensa que dirige el despacho Garzón Abogados, interpondrán a los Juzgados de Primera Instancia de Alcorcón. Así, se ha presentado el acto de conciliación, paso previo para la interposición de una demanda. En el acto de conciliación, los abogados tratarán que Rodríguez acepte esa indemnización, una cuantía que irá destinada a varias ONG, sobre todo a protectoras de animales, según ha comentado José María Garzón. Si no se llega a un acuerdo, se interpondrá la demanda civil, cuyo principal objetivo es que "se limpie la imagen de Teresa". En el trámite de conciliación previa, no es necesario que se presente personalmente el consejero madrileño de Sanidad, pero sí un representante con poderes notariales.

En el escrito judicial se especifica que se trata de "una demanda de juicio ordinario relativa a la protección del derecho al honor y a la intimidad" de Teresa Romero, quien estuvo casi un mes en una habitación de aislamiento del Hospital Carlos III de Madrid. En el relato de los hechos, se narra que el consejero madrileño ha realizado una serie de alegaciones en diferentes medios que, a su juicio de esta defensa, "atentan gravemente contra el derecho al honor e intimidad" de la auxiliar de enfermería.

Citan por ejemplo que el pasado 8 de octubre, Rodríguez afirmó que la enfermera con ébola "ocultó" al médico de atención primaria que había estado en contacto con el misionero Manuel García Viejo. Además, dijo que "pudo haber estado mintiendo" sobre su fiebre. En su comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea, el consejero manifestó que "también había negado ninguna alteración en el protocolo, hasta que hoy ha reconocido a su médico que probablemente cometió un error, porque al desvestirse tuvo un contacto directamente con su cuerpo con un guante". Agrega que el demandado atentó entonces gravemente el honor de Teresa afirmando manifestaciones tales como "quizá porque sospechaba que estaba infectada, durante toda la semana prácticamente no salió de su casa" o "porque después de ir al médico se fue a la peluquería y la estuvieron depilando" o "está paciente nunca superó esta cifra, también es verdad que a raíz de los resultados nos pudo estar mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha". También menciona que en un programa de televisión, el dirigente popular señaló el 9 de octubre que "reconocer el fallo a tiempo hubiera hecho que los protocolos de actuación se hubieran activado antes". "Ha tardado días en reconocer que pudo tener un fallo al quitarse el traje. Si lo hubiera dicho antes, habríamos ahorrado mucho trabajo", dijo.

Por todo ello, esta defensa sostiene que "las declaraciones vertidas por Francisco Javier Rodríguez son rotundamente falsas y atentan claramente contra los derechos constitucionales del honor e intimidad" de su representada. De este modo, manifiesta que "es necesario recalcar" que a tenor de estas manifestaciones se atentó contra el honor de Romero, lo que le produjo un daño. "Resulta palmario el manifiesto daño moral que se ha originado al haberse producido las difamaciones y de graves consecuencias que acarrean los hechos que a ella se le imputan, pues se está hablando de hechos gravísimos para su persona, tema de gran candencia informativa y de enorme repercusión por tanto para su persona", agrega la demanda. Así, señala que probada la intromisión ilegítima en el derecho a su honor se tendrá que señalar la indemnización que estiman en 150.000 euros, una cantidad que se habría generado "con las noticias que se emiten de su persona, además del daño ocasionado" por las declaraciones vertidas. En los fundamentos de derecho se alega que la competente es la jurisdicción civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por todo ello, se solicita que como consecuencia de la intromisión al honor se reclame a la parte demandada 150.000 euros, así como a que ponga fin a esa intromisión, absteniéndose en el futuro de realizar "cualquier intromisión ilegítima en el derecho al honor, intimidad personal y familiar".

También se ha presentado un escrito de personación en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid para que Teresa Romero forme parte de la misma como acusación particular por el presunto incumplimiento de los protocolos. Las diligencias se incoaron a raíz de una denuncia de un grupo de médicos del Hospital de la Paz.

Reclamación por el sacrificio de 'Excalibur'

Por otra aprte, Teresa Romero y Javier Limón han presentado ante la Consejería de Sanidad, a través de sus abogados, una solicitud de iniciación de procedimiento de responsabilidad patrimonial por el sacrificio de Excalibur, el perro del matrimonio que murió el pasado 8 de octubre. En la solicitud se reclama que haya un pronunciamiento sobre si la muerte de la mascota era necesaria y si no lo era, que se reconozca el daño moral que se habría producido a la pareja, que consideraban a Excalibur como un hijo adoptivo.

En los antecedentes de hechos, se relata la cronología de lo sucedido desde que Teresa Romero ingresa en el Hospital Carlos III y se confirma que se trata del primer caso de contagio de ébola fuera de África, el pasado 6 de octubre, hasta que se procede al sacrificio del can. Se relata que el 7 de octubre se pregunta a Javier Limón si autoriza la entrada a la vivienda, algo a lo que éste "se opone de manera rotunda" y trata de evitar, colgando incluso un vídeo en Youtube en el que realiza una petición para evitar que se produzca el sacrifico del perro. Tras recordar el escrito el masivo apoyo que hubo hacia la petición del esposo de Teresa, respalda que vino de la ciudadanía y de varias protectoras de animales. La solicitud recoge que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid procedió a disponer a la eutanasia del animal mediante las medidas adecuadas para evitar su sufrimiento.

"Dicha decisión fue adoptada de manera precipitada, sin las precauciones adecuadas, toda vez, que no se procedió a hacerle las pruebas necesarias para determinar si el perro estaba contagiado, por lo que se decidió matar" al perro del matrimonio. Así, se cita que, entre otros, Eric Leroy, experto mundial en el papel de los perros en los brotes de ébola, le dio la razón al asegurar que no había que matar a la mascota, porque era "importante desde un punto de vista científico". También recuerda el caso de otra enfermera contagiada en Dallas, a cuyo animal se le trasladó una jaula especial para proceder a su investigación. El alcalde de Dallas explicó entonces que "los protocolos establecidos preveían no sacrificar al perro mientras no mostrara síntomas de ébola.