Sólo un juez de la Audiencia Nacional podrá decidir el cierre de una web

Madrid/El Consejo de Ministros aprobó ayer las medidas con las que pretende acabar con la piratería en internet y que prevén que el cierre o bloqueo de una página web que infrinja la legalidad se produzca siempre por orden judicial, según informó la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. La propuesta, aprobada por el Gobierno y que pasará por diversos órganos consultivos del Estado antes de su remisión a las Cortes en torno a febrero, es "muy equilibrada" y "da la última palabra a los jueces, que deberán decidir rápidamente".

Entre las medidas aprobadas figura la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que será el órgano que reciba las denuncias de afectados por la piratería.

Una vez que esta Comisión compruebe que, en efecto, existe una vulneración de los derechos de autor o propiedad intelectual, solicitará el cierre o bloqueo de la página a un juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Aunque el juez tendrá un máximo de cuatro días para tomar una decisión sobre el posible cierre, la comisión no tiene un plazo concreto para realizar el pertinente trámite administrativo y remitir su denuncia al magistrado.

Un artículo, el 122 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dará "eficacia y máximas garantías" al proceso. Así lo explicaron la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De la Vega señaló que dentro del nuevo texto está la nueva redacción de la regulación, "donde se establece un procedimiento judicializado ampliando las competencias del juez para decidir sobre este tema". Se trata de "armonizar derechos e intereses vinculados a la Red y a la propiedad intelectual, especialmente en el terreno de la creación audiovisual, sin vacíos legales y sin indefensiones".

Como detalló Caamaño la ley establecerá un procedimiento "con las máximas garantías" para los derechos de propiedad intelectual, "que es un derecho fundamental"; y, por otro, los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información.

González-Sinde explicó que en el diseño de las medidas se ha optado por un sistema mixto en el que la Administración y los jueces "tienen cada uno su papel". De esta forma, si un titular de derechos de autor o propiedad intelectual considera que una página de internet vulnera sus intereses, presentará una denuncia ante la citada comisión -dependiente de Cultura-, que analizará cada caso y, si procede, lo remitirá a la Audiencia Nacional, quien escuchará a las partes y dictará una resolución. Ese proceso, sin embargo, "no elimina ni anula" la posibilidad de que el caso siga su curso por los cauces judiciales normales, lo que incluye la posibilidad de que los responsables de páginas web que sean cerradas o bloqueadas recurran la medida judicial.

"Los internautas no deben estar preocupados ni molestos", sostuvo la ministra, quien aventuró que las medidas antipiratería afectarán "a lo sumo a un centenar de páginas".

Preguntada sobre la forma en que la nueva ley afecta a sistemas de intercambio de archivos, González-Sinde insistió en que los ciudadanos "que hacen un uso legal" de los recursos de la Red y de las obras culturales que adquieren (música, vídeos y vídeojuegos) "no deben tener ninguna preocupación".

Estas medidas, contenidas en una disposición adicional de la Ley de Medidas para la Economía Sostenible, deberán ser desarrolladas por el Ejecutivo en un Reglamento, si bien la propuesta "aún puede ser debatida y modificada en las Cortes", agregó la titular de Cultura.

Además, incidió en que la Comisión de Propiedad Intelectual, cuya creación es uno de los puntos que más rechazo ha generado entre los internautas, reflejará "la pluralidad de intereses" que confluyen en este ámbito, por lo que estará integrada por expertos en derecho y también en internet. Sinde destacó lo necesario de estas medidas, dado que el de la creación intelectual es "un sector estratégico para la transformación del modelo productivo" y supone un 4,2% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Por ello es preciso promover "un mercado cultural legal", dijo la ministra, y añadió que se trata de luchar contra "unos cuantos que se enriquecen ilegalmente y perjudican a las obras de otros".

Por su parte, el periodista Ignacio Escolar, uno de los blogueros que estuvo en la reunión de diciembre con la ministra de Cultura, lamentó la decisión ya que, a su entender, "la propiedad intelectual en internet no se merece ese trato". Escolar recordó que esta modalidad de "juicios rápidos" no se produce en otras situaciones que "preocupan" a la sociedad. No obstante, afirmó que la iniciativa, "está mejor que lo que había antes".