'Prestige': una catástrofe sin responsables

El tribunal que ha juzgado la catástrofe medioambiental originada por el hundimiento del petrolero Prestige ha eximido al Gobierno español de sufragar los daños que se le reclamaban después de que el ex director de la Marina Mercante José Luis López Sors haya sido absuelto en el proceso penal que se seguía contra él. La justicia ha exculpado de los destrozos de la marea negra a los tres acusados de haber causado esa tragedia, uno de ellos el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos, aunque sí ha condenado al capitán del buque, Apostolos Mangouras, a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave. La absolución del ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors conlleva que el Gobierno español queda exento de hacer frente a cualquier responsabilidad penal, al entender que no provocó el desastre sino que trató de solucionarlo y evitar daños materiales y humanos.

El magistrado Juan Luis Pía ha subrayado que no se puede atribuir responsabilidad penal alguna a López Sors porque "nadie puede señalar lo que se debería haber hecho". "No hay acuerdo aún sobre lo que se debería hacer si se repitiese la situación", ha apostillado el presidente del tribunal de la Audiencia de A Coruña, quien ha recalcado que los informes técnicos son "contradictorios". López Sors había sido acusado como responsable del rumbo "errático" que siguió el petrolero durante seis días antes de hundirse y la sentencia precisa que no hubo ese supuesto "rumbo suicida".

Este ingeniero naval siempre ha defendido que no se podía arrepentir de lo hecho al entender que era lo correcto y suya es una frase que refleja el estado anímico, reconocido por él mismo, en el que se ha encontrado todo este tiempo únicamente por "cumplir" con su obligación: "no me imagino al director de los bomberos de Nueva York imputado por el 11-S". El magistrado Juan Luis Pía ha leído durante algo más de una hora, y en gallego, la sentencia que pone el punto y final a un largo proceso judicial.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Finisterre (La Coruña), el Prestige, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un vertido de más 67.000 toneladas de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. Este suceso desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo esparcido por las playas y rocas de la costa afectada.

La sala decidirá si los 22,7 millones de fianza los reintegra a la aseguradora o se reparten entre los damnificados

La Sala de la Audiencia Provincial de La Coruña que ha juzgado la catástrofe del Prestige será la encargada de decidir, en la ejecución de la sentencia, el destino de los 22,7 millones de euros de fianza que en su momento consignó para el proceso London P&I Club, la aseguradora del petrolero que hace 11 años provocó la mayor marea negra de Galicia. Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al haberse establecido que no existe responsabilidad penal, no se puede fijar una responsabilidad civil para asumir las eventuales indemnizaciones. La Fiscalía había reclamado en concepto de responsabilidad civil por los daños derivados de la marea negra de 4.328 millones de euros.

No obstante, ahora en el proceso de ejecución de sentencia, la sala deberá decidir cuál es el destino de los 22,7 millones de euros consignados por la aseguradora del Prestige y, según las fuentes del TSXG consultadas, caben tanto la opción de que esa cantidad vuelva a London P&I Club como que se decida un hipotético reparto entre afectados que asumieron gastos por reparación de daños.

Al respecto, el presidente de la sala, Juan Luis Pía, que ha sido el encargado de dar lectura a la sentencia, ha apuntado que procede oír a la entidad aseguradora del Prestige sobre el destino de la suma consignada en el procedimiento para resolver su destino. Pía ha señalado que sólo está acreditado el delito de desobediencia por el que se condena al capitán del Prestige y ha precisado que de éste "no se derivan los daños y pérdidas ingentes".

Por su parte, en declaraciones a los medios de comunicación tras la lectura de la sentencia, el abogado de la plataforma Nunca Máis, Pedro Trepat, no ha descartado que ese dinero pueda volver a ser reintegrado por la aseguradora. En el proceso, figuraban, como responsables civiles directos, la aseguradora London P&I Club y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac). Como responsables civiles subsidiarios, la propietaria del buque, Mare Shipping Inc; la operadora Universe Maritime, y el Estado Español.