La reducción de grasas, azúcares y sal, una medida positiva pero de corto alcance

La obesidad es una epidemia a nivel mundial. En España el exceso de peso, que es la suma de los casos de sobrepeso más los casos de obesidad, afecta a 2 de cada 3 adultos y 1 de cada 3 menores. Pero pese a tener claro que a solución pasa por una dieta saludable y por hacer ejercicio moderado diario, parece que cuesta evitar caer en la tentación de comer lo que no se debe.

Teniendo en cuenta esta realidad, recientemente el Ministerio de Sanidad anunciaba un acuerdo con la industria alimentaria para reducir en un 10% la cantidad de grasas, azúcares y sal de más de 4.000 alimentos y bebidas. En concreto, se prevé que la medida afecte a 13 grupos diferentes: bebidas refrescantes, bollería y pastelería, cereales de desayuno, cremas, derivados cárnicos, galletas, helados, néctares de frutas, pan especial envasado, platos preparados, productos lácteos y salsas.

Según la propia ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, esta medida simbolizaba "un paso más para conseguir una alimentación más saludable", mientras que la propia Industria, tal y como declaraba en la firma del acuerdo Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas afirmaba demostraba así estar "en plena sintonía con los ejes de acción de la estrategia NAOS en la promoción de estilos de vida saludables".

Sin embargo, los expertos en alimentación y en obesidad no parecen estar de acuerdo. Representantes de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) insistían en que esta medida no solo es insuficiente, sino que prioriza los intereses económicos de los sectores de la alimentación y su publicidad en detrimento de la salud. Tal y como explica Miguel Ángel Royo Bordonada, del Grupo de Trabajo de Nutrición de la SEE, esta medida ya se anunció como uno de los objetivos a cumplir en el periodo 2017-2020, "por lo que realmente lo que esperaríamos es un balance sobre el progreso de la misma, en vez de que se anuncie como si fuera algo nuevo".

En este sentido, afirma que de cumplirse "podría ser una medida positiva", pero claramente insuficiente. "En un refresco tenemos de media, sin hablar de las bebidas energéticas que tienen incluso más, de 30 a 35 gramos de azúcar. Reducir poco más de 3 gramos no convierte los productos en saludables", insiste Royo Bordonada. Además, apunta que "hay varios estudios que han encontrado que las medidas de autorregulación suelen ser ineficaces". De hecho, comparando lo que ocurrió con los cigarrillos bajos en nicotina, uno de los peligros de este tipo de medidas es que produzcan un efecto de llamada no deseada, y en vez de disminuir el consumo, aumente ante la falsa idea de que estos alimentos ahora son más sanos.

La otra idea que remarca el experto es que es una medida que no aborda la raíz de problema, "que es que el sistema alimentario está dirigido a promocionar productos procesados y bebidas azucaradas con campañas de marketing agresivas, porque el coste de producción de esos productos es más barato y el margen de beneficios es mayor". Teniendo en cuenta esta idea, desde la SEE apuestan por medidas "que reformulen realmente el sistema promocionando el producto fresco y no procesado". Para ello son especialmente eficaces las políticas de precios, que aumentan el IVA de los alimentos procesados o azucarados, para en contrapartida disminuir el de los alimentos más sanos. De hecho, un reciente estudio de la Universitat Internacional de Catalunya confirmaba que el consumo de bebidas azucaradas embotelladas ha descendido el 2,2% en Cataluña desde la entrada en vigor del impuesto que grava todas las bebidas embotelladas, que contengan edulcorantes calóricos añadidos.

"Igualmente tiene que haber otras medidas como la regulación de la publicidad", indica Miguel Ángel Royo Bordonada evitando el marketing agresivo, sobre todo dirigido a menores, de productos no saludables", algo sobre lo que la OMS ya ha llamado la atención a España. Así, nsiste en otras propuestas como "evitar que haya máquinas expendedoras con productos no saludables en centros sanitarios, escolares o deportivos, que no son realmente necesarias".