Google recibe casi 80.000 peticiones de derecho al olvido en España

El buscador Google ha recibido en España durante los últimos cinco años casi 80.000 solicitudes –más de 800.000 en Europa– de personas que han pedido que elimine direcciones que consideran inadecuadas o irrelevantes y ejercer así su derecho al olvido y a borrar su huella digital.

Los datos del propio informe de transparencia que Google actualiza y publica cada día, revelan que los usuarios europeos han reclamado la retirada de un total de 3.129.077 direcciones, de las cuales se han eliminado el 44,6%.

En España, los ciudadanos han pedido que se borraran 249.376 direcciones, de las que se han retirado el 37,9% (81.837).

Las cifras de Google comenzaron a registrarse el 25 de mayo de 2014, doce días después de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Precisamente ayer se cumplieron cinco años del fallo que reconoce el "derecho al olvido" de las personas y su derecho a pedir a los buscadores de internet que supriman ciertas direcciones cuando consideren que son "inadecuadas, irrelevantes o excesivas".

Según el propio buscador, las solicitudes para eliminar enlaces se estudian una a una y en algunos casos se pide más información al demandante. Cada una de ellas, además, se somete a una revisión "manual".

Entre los factores más comunes que justifican la retirada de una dirección está la ausencia “clara” de interés público, información sensible –orientación sexual, raza, etnia, religión y afiliación política o sindical–, contenido relacionado con menores y condenas o antecedentes prescritos.

La empresa puede decidir no retirar las páginas y alega para ello factores como la existencia de soluciones alternativas, razones técnicas o que las direcciones estén duplicadas y, en algunos casos, que la dirección cuya eliminación se ha pedido contiene información de "gran interés público".

Para esto último, el equipo que lo analiza tiene en cuenta factores como que el contenido esté relacionado con la vida profesional del solicitante, con un delito pasado o con un cargo público.