El Gobierno insta a las empresas del carbón que digan a qué dedican las ayudas

El Gobierno considera que las empresas del carbón deben explicar tanto a los trabajadores como a los ciudadanos en qué han invertido las ayudas que han recibido por parte del Estado, según han afirmado fuentes gubernamentales. Las mismas fuentes han señalado que el Ejecutivo no tiene intención de dar marcha atrás en sus planes de recorte de las ayudas a este sector, porque el sistema, según lo establecido por la Unión Europea, "finaliza sí o sí en 2018". No obstante, han recordado que el Plan de la Minería del Gobierno no afecta a las prejubilaciones de los trabajadores, sino a las ayudas que reciben las empresas del sector por parte del Estado, que son "las más altas" de todo el tejido industrial español.

En este sentido, las mismas fuentes han puesto en tela de juicio el destino de esas ayudas porque han asegurado que "las empresas deben explicar" a los trabajadores y a los ciudadanos "dónde han invertido" esos fondos procedentes de las cuentas públicas. También han se han preguntado si los ciudadanos saben que una parte de la factura de la luz que pagan cada mes se destina a esas ayudas al carbón. Por último, sobre la actitud de Izquierda Unida se preguntas las citadas fuentes cómo es posible "casar" la preocupación por el medio ambiente con la defensa de uno de los combustibles fósiles más contaminantes.

Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy se recuerda además que los ciudadanos pagan las ayudas al carbón en su factura de la luz. "Podemos preguntarle a los ciudadanos lo que pagan en la factura de la luz por el carbón", asegura un miembro del Gobierno. Fuentes del Gobierno han recalcado que el plan no afecta a los derechos de los trabajadores de la minería con las prejubilaciones, sino a las ayudas a las empresas y las infraestructuras en la zona, que ha recibido "gran apoyo" desde el Ejecutivo.

En este sentido, las mismas fuentes explican que esas ayudas a las empresas no pueden mantenerse, al tiempo que advierten que este sistema finaliza en 2018 por "una exigencia comunitaria".

Además, en el Gobierno de Rajoy piden coherencia a Izquierda Unida, que gobierna en Asturias con el PSOE y se define como una formación verde. "Ser verdinegros no es compatible. Coherencia", ha manifestado un miembro del Ejecutivo.