El Gobierno asegura que la ley actual no recoge el aborto como un derecho

Madrid/El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que en la legislación actual "no se regula el derecho al aborto" después de que se conociera la intención del PP de enmendar la reforma sobre esta materia para que la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser un derecho. Catalá se ha referido a este asunto, sobre el que hay distintas sensibilidades dentro del PP y algunos diputados ya han anunciado su decisión de no apoyar la modificación legislativa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro ha recalcado que en la ley "no hay un derecho al aborto como tal" y que "ese derecho al aborto no está en la legislación actual".

Sin embargo, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, expresó su voluntad de que quede "claro" que el aborto "no es un derecho" en una reforma que incluye además la necesidad de consentimiento paterno para las menores de 16 años. Igualmente, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, informó de que su grupo estudiaba presentar una enmienda en este sentido buscando un acuerdo "lo más amplio posible".

En opinión de Catalá, en la ley aprobada por el Gobierno socialista en 2010 sí "hay un derecho a las decisiones de la mujer, en materia de las propias conductas sexuales y reproductivas", pero no a la interrupción voluntaria del embarazo.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que no le corresponde al Ejecutivo "determinar ni el sentido del voto del grupo parlamentario ni las tareas del poder legislativo" porque respeta la separación de poderes y las competencias de cada institución. "Por parte del Gobierno siempre se ha defendido que hay que trabajar por el máximo consenso y así lo hemos reiterado en diversas ocasiones", ha manifestado.

Preguntada por si ella consideraba que el aborto era un derecho, ha recordado que el Gobierno entiende que hay dos situaciones jurídicas a valorar y ponderar: las circunstancias de la embarazada y la mujer y su colisión respecto a otro bien jurídico protegido, es decir, la vida del concebido y no nacido. "Ese es el elemento de equilibrio que siempre hay que tener en cuenta y cómo en su origen ha sido regulado (el aborto) en las distintas legislaciones como una contraposición entre ambas circunstancias, que las distintas legislaciones han ido ponderando. Esa es nuestra posición", ha concluido.