Gallardón: "Ningún tratado internacional establece el aborto como un derecho"

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha criticado este martes la oposición del PSOE a debatir la reforma de la ley del aborto y se ha preguntado por qué a los socialistas no les interesa la opinión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) "Lo que más cuesta entender es por qué el PSOE no quiere el debate, por que en lugar de decir vamos al parlamento, vamos a ver qué dice el CERMI y a exponer nuestros criterios, dicen que éste es un tema del no que hay que hablar", ha asegurado Ruiz Gallardón en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

Asimismo, ha reprochado la "arrogancia intelectual de la izquierda" al pensar "que tienen el monopolio para legislar sobre libertades y derechos fundamentales y decirnos que no tenemos legitimidad para legislar". Gallardón ha asegurado también que ningún tratado internacional establece el aborto como un derecho" y ha asegurado que el objetivo del anteproyecto de ley es "legislar de acuerdo con la Consitución española" y con los acuerdos internacionales

El dirigente popular ha replicado, además, a la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, quien aseguró que los foros de discapacidad de la ONU en ningún momento pidieron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que eliminasen de la ley de plazos el supuesto de malformación. Según el titular de Justicia, el Gobierno recibió un requerimiento de Naciones Unidas para modificar la ley de plazos del aborto antes de 2015 por entender que violaba el derecho de las personas con discapacidad". "Es un documento -ha dicho Gallardón- que recibió el Gobierno de España y que está obligado a cumplir".

El Ministro ha insistido en que la ley podrá sufrir modificaciones siempre y cuando éstas se ajusten a la doctrina del Tribunal Constitucional y a los convenios internacionales. "Tenemos las líneas claras, en primer lugar no podemos legislar en contra de la Constitución y en segundo lugar tenemos que cumplir el convenio para la protección de personas con discapacidad de la ONU que fue suscrito por unanimidad en el Congreso". Sobre el supuesto de malformación, ha reiterado que "una malformación o una discapacidad, por el hecho mismo de producirse, no autoriza el aborto porque eso sería tanto como decir que las personas que no tienen discapacidad tienen más derechos que los que la tienen".

En este sentido, Gallardón ha añadido que "si lo decimos antes de que nazca quién va impedir que luego alguien no lo quiera aplicar para depués de haber nacido", por lo que ha incidido en la necesidad de "hacer un planteamiento ético". Asimismo, el ministro ha señalado que sólo "se autoriza el aborto si hay daño para la mujer, no por el hecho de que un feto no sea perfecto". Aunque ha advertido que la ley que plantea el Gobierno si que prevé que si hay anomalías incompatibles con la vida y crea un daño psicológico se autorice a interrumpir un embarazo, pero es algo que deberá "acreditar el médico".

Gallardón ha recordado, además, que "por primera vez en la historia de España, la mujer nunca será objeto de reproche penal del aborto, sino que siempre será considerada la víctima de un drama". Ha negado además que el descenso del número de abortos en los últimos años tenga alguna relación con la ley de plazos de 2010. "En ningún caso tiene relación, sino al contrario, eso lo que demuestra es que la legislación anterior no era una legislación restrictiva de derechos".

Sobre las discrepancias en el seno del PP, ha asegurado que "cualquier opinión es bien recibida" pero ha dicho de nuevo que dentro del partido "no hay nadie que haya dicho que prefiere el sistema de desprotección absoluto del concebido". Ha reconocido, no obstante, el caso de la diputada nacional Celia Villalobos que "desde la máxima lealtad ha manifestado un criterio contrario al proyecto". Aunque el CERMI no se ha pronunciado aún sobre el anteproyecto normativo, sí lo han hecho dos organizaciones de personas con discapacidad que forman parte de esta entidad, como Down España y la Confederación Autismo España, que han aplaudido la eliminación de la "discriminación por discapacidad" respecto a la legislación de supuestos de 1985.

Ambas entidades han afirmado que con la aprobación del texto propuesto por Gallardón se cumpliría el requerimiento constitucional de respeto a los Derechos Humanos y la petición de revisión que había realizado Naciones Unidas a España en cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Si bien consideran que la decisión de interrumpir de forma voluntaria embarazo corresponde a la esfera de la propia persona, Autismo España advierte, no obstante, que no hace falta recurrir a la citada convención para considerar que el aborto "no debería servir para proteger a la futura persona con discapacidad de su propia vida o para evitarle a los padres la situación de tenerlos como hijos".

Tanto Down España como Autismo España han indicado la necesidad de que el Gobierno amplíe y precise en la futura reforma los apoyos económicos a la mujer embarazada y la segunda de estas organizaciones sugiere que la autorización legal para poder interrumpir el embarazo se reconozca o niegue, si es posible, a ambos padres y no sólo a la madre.