Entra en vigor la prohibición del 'burka' en Lleida

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha descartado la suspensión cautelar de la ordenanza que prohíbe el burka en edificios municipales de Lleida que entra en vigor este jueves. Así lo había solicitado la asociación musulmana Watani que presentó un recurso contra la decisión.

La sección segunda del TSJC ha pedido al Ayuntamiento que envíe el expediente administrativo y plantea la posibilidad de presentar alegaciones sobre la admisión del recurso por la vía de infracción de derechos fundamentales, según el abogado de Watani, Carlos Antolí.

El letrado, que había solicitado la suspensión cautelar argumentando que la medida vulnera los derechos fundamentales, sostiene que "esta normativa supone una discriminación por razones religiosas".

A su juicio, la seguridad que el Ayuntamiento alegaba para modificar la ordenanza de civismo no está motivada. Antolí señala que su equipo ha propuesto pruebas para que el Ayuntamiento manifestara si existían antecedentes que motivaran un problema de seguridad, si había alguna sanción, alguna infracción por parte de alguien. "Nunca han querido practicar prueba alguna, nos han dicho que no procede ninguna", ha afirmado Antolí.

El cambio de la ordenanza de civismo por parte del equipo de gobierno, el PSC, con el apoyo de CiU, PP y un concejal del grupo no adscrito, la oposición de ICV y la abstención de ERC supone multas por el uso del velo islámico en edificios municipales de entre 30 y 600 euros.

La aprobación definitiva de la ordenanza, aprobada en octubre en pleno municipal, extiende la prohibición además de al velo integral --burka y niqab-- a otros elementos que tapen el rostro.

El Ayuntamiento no ha preparado ningún dispositivo especial por la entrada en vigor de la prohibición. La concejal de Seguridad Ciudadana, Sara Mestres, ha señalado este martes que serán los responsables de cada edificio municipal los que avisarán a la Guardia Urbana para que impida la estancia a quienes lleven cubierta la cabeza.

Mestres sostiene que para el Ayuntamiento es una cuestión preventiva "desde el punto de vista de seguridad y de comunicación, se habla tanto de burka como de niqab, como de casco o pasamontañas".

En esta normativa, Mestres reconoce que el Ayuntamiento persigue también la igualdad entre hombres y mujeres. Argumenta que al consistorio le ha movido "el elemento constitucional que nos permite que todas las mujeres, que todas las personas tenemos que ir sin ningún tipo de elemento que nos prohíba la comunicación".

Mestres ha insistido en los últimos días en que si los principios de libertad y el de la seguridad que están al mismo nivel "prima la seguridad", por ser un derecho colectivo.