Bulos en las redes: una marea tóxica muy difícil de atajar

Madrid/Con o sin coronavirus, las noticias falsas se extienden como una gigantesca mancha de aceite en las redes y atajarlas no es fácil. Mentir no es delito, ni en el mundo analógico ni en el digital, y está en juego la libertad de expresión, pero los expertos alertan: cuidado con el contenido de los bulos, su finalidad y sus efectos.

"El bulo, en términos generales, no es delito", explica la fiscal especialista en criminalidad informática Elvira Tejada, que insiste en que habría que examinar cada caso concreto y sus consecuencias para comprobar si tiene encaje en el Código Penal. "No se puede sancionar como delito algo que no está tipificado", dice. Sólo cabe analizar si un bulo podría derivar en un delito de odio, una injuria o una calumnia, por ejemplo.

Consciente de esta dificultad, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha planteado la necesidad de revisar los instrumentos legales con los que se cuenta para impedir los bulos. "Al menos –dijo Campo– para no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública sin justificación".

WhatsApp, la aplicación de mensajería adquirida por Facebook –dos de las plataformas por excelencia en las que los bulos circulan más veloz y eficazmente– también ha dado la voz de alarma. La empresa ha anunciado que va a limitar el reenvío de mensajes para tratar de evitar que se viralicen falsedadesviralicen, ya sean interesadas o inconscientes. WhatsApp ya venía informando a sus usuarios sobre cuándo los mensajes lanzados desde fuera de los círculos cercanos estaban siendo reenviados muchas veces; ahora va un paso más allá al establecer un límite a estos mensajes, que sólo se podrán reenviar a un chat cada vez.

Twitter, otro terreno propicio para la desinformación, ha reconocido que desde el 18 de marzo ha detectado más de 1,5 millones de cuentas dirigidas a intoxicar deliberadamente acerca del Covid-19.

El contenido del bulo

Susana Gisbert, fiscal especializada en delitos de odio, explica que ante la avalancha de bulos sólo se puede analizar si el bulo es "un medio" para cometer un delito, por ejemplo infundir odio hacia un colectivo vulnerable, injuriar o calumniar a una persona o crear una alarma social que provoque la activación de servicios policiales, de asistencia o salvamento.

Esto último se recoge en el artículo 561 del Código Penal, creado en su momento –en otro mundo que ya no es éste– para comportamientos como los avisos falsos de bomba. Si el rumor influye en el mercado o en los consumidores (si se difunde, por ejemplo, información falsa sobre valores en bolsa) o en la salud pública (si se promocionan productos o remedios milagro perjudiciales), se podría estar ante comportamientos penados. Estamos, reconoce Elvira Tejada, en un "terreno virgen"... y muy resbaladizo: "¿Hasta dónde un bulo es una fake news? ¿Hasta dónde una opinión?".

Los límites de la libertad de expresión

La libertad de expresión es "uno de los pilares de la democracia", recuerda Gisbert, que alerta del "peligroso terreno" en el que se puede entrar al analizar el alcance penal de las noticias falsas. "Puedes interferir en la libertad de opinión, en el derecho a una información veraz... Hay que tener mucho cuidado", abunda.

Según explica Alonso Hurtado, abogado experto en redes, los países europeos han optado por "llamar a filas" a las empresas que gestionan las redes sociales, encargadas en última instancia de controlar cuanto se difunde en ellas ellas. Con el actual Código Penal en la mano, para Hurtado muchos vídeos que estos días circulan por las redes son "delitos de odio de libro".

Entre ellos, apunta este abogado, algunos de los audios que se difundieron en WhatsApp criminalizando a la comunidad gitana después de que se detectara un importante foco de contagios en la localidad riojana de Haro entre los asistentes a un entierro que se había celebrado en Vitoria.