Bruselas pone tus fotos a buen recaudo
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La regulación europea de la protección de datos, que entró el vigor el viernes, blinda los derechos de los usuarios
Entre en su cuenta de correo electrónico o revise su bandeja de entrada de SMS. Es muy probable que en las últimas semanas haya recibido decenas de mensajes de empresas, redes sociales y puede que de la administración pública. Con un tono amabilísimo, ideado por los jefes de marketing, le están pidiendo permiso para utilizar sus datos personales. Unos datos que, por cierto, ya tienen. Algunos están en su poder desde hace años, cuando usted decidió abrirse Facebook o cuando compró la entrada del último concierto al que fue. Entonces, al final del formulario que, seguramente, rellenó, había una casilla premarcada, que se olvidó de desmarcar, y que permitía a la empresa utilizar sus datos y, además, enviarle correos electrónicos con información.
Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE, esa casilla no puede estar marcada de forma predeterminada. "Ahora tienes que dar el consentimiento de forma efectiva y no tácita", explica Iñaki González, letrado de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y experto en protección de datos. Esa es la razón por la cual las empresas han bombardeado las bandejas de entrada de los usuarios que, en su momento, les cedieron una información que ahora la UE busca proteger.
No es el único acto cotidiano que cambiará cuando los ciudadanos enciendan su ordenador o utilicen su móvil. Con la nueva normativa, esas cláusulas de cesión de datos deben ser más visibles y su lenguaje más claro. "Las empresas tienen que explicarnos qué quieren hacer con nuestra información", apunta el abogado, que también pone el foco en las sanciones que pueden caer a las compañías que no cumplan los requerimientos del reglamento.
La nueva norma europea establece que las multas por incumplir sus preceptos pueden ser de hasta 20 millones de euros o el 4% de su facturación del año anterior. Este porcentaje puede parecer escueto, pero para gigantes digitales como Facebook, atendiendo a 2017, la multa podría ascender a 1.626 millones de dólares. La empresa fundada por Mark Zuckerberg lleva tiempo en el foco por la gestión que hace de los datos que obtiene de sus usuarios. "Lo que se pretende es que incumplir la norma no sea rentable", afirma González.
Es lógico que el magnate californiano preste atención a la legislación de Bruselas, ya que ahora las aplicaciones móviles que solicitan permisos de acceso a datos a sus usuarios no podrán hacer peticiones absolutas. Esto significa que, cada vez que una aplicación intente acceder a determinada información del móvil -contactos, galería de imágenes, control de la cámara, etc.-, tendrá que pedir permiso de forma individualizada.
El reglamento europeo, que entró en vigor en 2016 con una moratoria de dos años que expiró el viernes, no sólo regula el acceso de las empresas a los datos, sino también el tiempo que éstas pueden acceder a los mismos. Desde el pasado viernes, los empleadores sólo podrán acceder a los datos de sus empleados necesarios para la labor que desempeñan y, además, cuando la relación contractual finalice, sólo podrán mantener la información almacenada durante el tiempo que pueda ser requerido por la administración desde organismos como Hacienda o la Inspección de Trabajo.
Sin embargo, el Reglamento General de Protección de Datos no sólo carga de responsabilidad a las empresas, sino también a los usuarios. A partir de ahora, las redes sociales como Facebook se configurarán por defecto en el modo más privado posible, pero cada persona puede decidir si abre a todo el público su información. "En ese caso se convierte en responsable de tratamiento, igual que una empresa", explica González.
Existe la llamada "excepción doméstica", que alude a la información que cada ciudadano comparte en el ámbito íntimo; pero si un usuario de una red social comparte datos de otra persona sin su consentimiento se expone a ser multado con la nueva normativa vigente. "El grado de impunidad se reduce muchísimo, porque hay un acto voluntario para compartir una información con millones de usuarios", explica el letrado del Defensor del Pueblo Andaluz.
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