Casi 900.000 personas han fallecido en la lista de espera de dependencia desde que se aprobó la ley

Madrid/Cerca de 900.000 personas han fallecido en la lista de espera de dependencia desde que se aprobó la ley hace 18 años, según se desprende del informe del Observatorio de la Dependencia, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, publicado este lunes y recogido por Europa Press.

En este sentido, el informe del XVIII Aniversario de la Ley de Dependencia revela que unas 900.000 personas han fallecido en listas de espera desde que se aprobó la ley, en 2006, y que 3,6 millones han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos 18 años.

El estudio también recoge que este año fallecerán en las listas de espera de la dependencia un total de 18.592 pendientes de resolución de grado y 17.328 sin haber podido ejercer sus derechos. "Esto supone que 98 personas fallecerán al día en las listas de espera de la dependencia (una cada 15 minutos)", asegura la asociación para añadir que, desde 2017, el número de personas fallecidas en las listas de espera asciende a 388.932.

"Después de 18 años de la ley, el reconocimiento del derecho sigue sin resolverse de manera diligente, con tiempos medios de gestión que en algunas comunidades autónomas superan el año. Más de 93.000 personas han fallecido esperando que se resolviera su grado de dependencia en los últimos cinco años", recalca.

Por comunidades autónomas, explica que, desde 2017, Cataluña y Andalucía acumularán aproximadamente la mitad de las personas fallecidas en la lista de espera. "Obviamente esto sucede debido al gran número de personas que se encuentran en sus listas de espera y por los tiempos de gestión tan lentos en la tramitación de los expedientes", afirma.

Del informe también se desprende que el tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia es 330 días, aunque añade que en cuatro comunidades se superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia). En concreto, explica que, por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay dos comunidades (dos menos que en 2023) y Ceuta (57 días) que están por debajo del plazo de resolución obligado: Castilla y León (126) y País Vasco (128). En el otro extremo, con más de un año de tiempo medio de gestión, estarían: Andalucía (618), que aumenta 61 días su tiempo de tramitación; Canarias (574), que vuelve a bajar el tiempo medio de tramitación, esta vez en 74 días; Murcia (514), cinco días menos que en 2023; y Galicia (339), que reduce los procesos en 25 días.

Igualmente, indica que 1,6 millones de personas tendrán reconocida cuanto termine 2024 su situación de dependencia y otras 136.954 estarán pendientes de valoración. "Esto supone que el 3,4% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria", subraya.

En esta misma línea, la asociación alerta de que este 2024 se encontrarán en el limbo de la dependencia 131.083 personas. Asimismo, recalca que este año el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 24.549 personas y ha advertido de que, a este ritmo, se tardarían cinco años en lograr la plena atención.

En todo caso, añade que 291.649 estarán desatendidas en diciembre de 2024, sumando el limbo (131.083), las pendientes de valoración (136.954 expedientes) y aquellas con un PIA (plan de atención) aprobado pero que aún no es efectivo (23.6122).

Por otro lado, la asociación estima que en 2024 habrá 355.833 empleos directos vinculados a las atenciones de la ley de dependencia. A estos agrega que hay que sumar los empleos directos de las Administraciones Públicas en la gestión de centros con personal propio, así como los empleos generados por el sector a través de plazas o servicios privados no vinculados.

El potencial de la ley se sigue sin desarrollar

La asociación denuncia que, a pesar del avance que ha supuesto la ley de dependencia, "su potencial sigue sin desarrollar". Además, alude a los "procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad", que dice que derivan en un "sistema low cost" que es "poco eficaz" para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia.

También critica la "deficiente" financiación y las "desigualdades" territoriales en su desarrollo. "Por ello, ante de los anuncios de aprobar una nueva ley, consideramos de justicia que se cumpla la aprobada hace 18 años", expone.

De hecho, señala que resulta "muy preocupante" que cada vez se reduzca más el gasto por persona atendida, de manera que si en el año 2010 ascendía a 8.145 euros, 14 años después, en 2024 esta cuantía se ha reducido a 5.982 euros (-26,6%). "Lo cual evidencia que la reducción de la lista de espera (limbo) y el incremento de personas atendidas se está llevando a cabo a costa de reducir las cuantías de las prestaciones o de apostar por servicios low cost", lamenta.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a "acometer reformas que agilicen los trámites". "Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento", apunta.

Finalmente, manifiesta su "pesar" por no haber podido presentar en el Congreso de los diputados este informe. "Desde hace 30 años venimos haciendo seguimiento y contribuyendo a la implementación de los Servicios Sociales, y somos sistemáticamente marginados por gobernantes que no toleran la fiscalización de la sociedad civil a la impericia de su gestión", concluye.