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El Sevilla estaría en causa de disolución de no ser por el crédito de 108 millones

Junta de Accionistas del Sevilla

El desplome financiero tras el nuevo déficit de 81,7 millones colocaría el patrimonio neto muy por debajo del capital social

La situación inspira inquietud a futuro y obliga a aumentar los ingresos para soportar los gastos crediticios 

Todas las preguntas sobre la guerra de los Del Nido en un momento de encrucijada

Castro y Del Nido Carrasco, en la última Junta General Extraordinaria de Accionistas. / José Luis Montero

Sevilla/El Sevilla ha entrado en una situación muy compleja financieramente que, por otra parte, no ha causado ninguna sorpresa. Las cuentas que este viernes va a formular el consejo de administración para llevarlas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de diciembre constatan un nuevo desplome con pérdidas históricas de 81,7 millones de euros, como avanzaba este miércoles Diario de Sevilla, que se suman al déficit de los tres anteriores ejercicios contables y que sitúan en más de 167 millones el balance negativo desde el ejercicio 20-21, tras las pérdidas acumulas; 19,3 millones en la 22-23, 24,8 en la 21-22 y 41,4 en la 20-21.

Las cuentas de la sociedad a 30 de junio de 2024 reflejan que el Sevilla, con fondos propios negativos de 68,7 millones de euros, se encontraría en situación de causa de disolución de no ser por los créditos participativos solicitados por la entidad (de 108 millones firmado con Goldman Sachs) y por no considerarse las pérdidas de los ejercicios 20-21 (41,4) y 22-23 (24,6) por incidencia del Covid.

-68,7 millones de euros de fondos propios. El patrimonio neto negativo obliga a aumentar ingresos para asegurar la viabilidad

La ley de Sociedades de Capital establece que aquella sociedad que como consecuencia de las pérdidas acumuladas vea reducido su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social entraría en causa técnica de disolución, por lo que se vería obligada a regularizarse, siendo una de las vías más comunes que los socios aporten fondos a la sociedad (ampliación de capital), acudir a la Ley Concursal o directamente disolver. El Sevilla, cuyo capital social es de 6,2 millones (103.467 acciones con un valor nominal de 60 euros), reconoce unos fondos propios negativos (patrimonio neto, según el balance de situación a 30 de junio) de 68,7 millones, lo que claramente supondría la entrada en situación técnica de disolución.

Sin embargo, para compensar este tema y garantizar la viabilidad de la sociedad, el consejo firmó una serie de créditos participativos que, en este caso, se permite que el importe sea sumado al patrimonio, que a resultas de la suma del crédito y las pérdidas antes descritas por el impacto Covid arrojan un patrimonio neto positivo de 76,9 millones. 

Crédito participativo

Un crédito participativo es aquel en el que la entidad prestamista (Goldman Sachs en este caso) participa en los beneficios de la empresa financiada, además del cobro de un interés fijo. En el caso de lo firmado por el Sevilla, no hay interés en los dos primeros años, pero sí hay previsto, evidentemente, un método de cobro.

El borrador de informe de auditoría explica claramente que la sociedad ha formalizado distintas operaciones de financiación por un importe total de 131,3 millones de euros, consistentes en préstamos por 108,7 millones y factoring (la financiera es la que asume el cobro) por 23 millones de cuentas a cobrar por futuros traspasos de jugadores.    

El propio Sevilla reconoce que en los próximos años será ineludible para la viabilidad y el cumplimiento de estos pagos que deportivamente el equipo vuelva a la senda de los buenos resultados que logre el equilibrio financiero con el incremento obligado de los ingresos por competiciones junto con la política ya iniciada de reducción de costes, fundamentalmente de la plantilla inscribible en LaLiga (no hace falta recordar el desplome en la última tabla como el límite salarial más bajo de Primera y Segunda).

Y no hay que olvidar que también hay suscrito otro crédito, como otros 36 de los 42 clubes de Primera y Segunda, con el fondo CVC cediendo el 10% de los derechos de TV por los próximos 50 años a cambio de una inversión de 127,2 millones de euros destinado fundamentalmente a la mejora de instalaciones, según el acuerdo firmado el 30 de noviembre de 2021. Si bien no viene reflejado en las cuentas, fuentes del club aseguran que parte de este crédito va a ser sumado a efectos contables para rebajar la cuenta negativa de fondos propios y que ésa será la interpretación que se haga de las cuentas en la Junta de diciembre.

En las cuentas anuales que refleja el club evidentemente el descuadre viene por la eliminación de la Champions en la fase de grupos cuando el Sevilla había presupuestado llegar a cuartos. Y claro, las partidas se han reducido con respecto al curso pasado. De 85,3 millones (un récord histórico) en el ejercicio 22-23 se ha pasado a 61,8, y no es del todo ruinoso porque aquí se incluye la clasificación para la fase de grupos de la Champions y lo cobrado por algún empate, sobre unos 15 millones, una cifra que sí que no estará en el ejercicio 24-25. Por derechos de retransmisión se ha bajado 10 millones (de 83,5 a 73,5), mientras que en ingresos por comercialización y márketing se han perdido 5,5 millones más (de 29,7 a 24,1). En ingresos por abonados ha habido una ligera caída casi insignificante de unos 200.000 euros.

Víctor Orta, en la Junta de Accionistas de este mes de octubre. / José Luis Montero

Otra partida que tradicionalmente ha dado mucho músculo al Sevilla ha sido el concepto de ingresos por venta de jugadores, que en tres años se ha desplomado de 43 millones de euros en el ejercicio 21-22, a los escasísimos 5,3 millones en el curso 23-24. Hay la friolera de 30 millones menos que el pasado año contable (34,9).

El coste de rescindir

Uno de los esfuerzos más notables de los actuales gestores ha pasado por reducir lo máximo posible el coste de la plantilla, que ha pasado de los 203 millones del ejercicio 22-23 a los 190 del 23-24, un descenso que ha sido parcialmente neutralizado (es decir, no es todo lo apreciable que debiera) debido a que ha sido necesario indemnizar a jugadores por la decisión de rescindir anticipadamente sus contratos (8,8 millones en acuerdos indemnizatorios y otros 4,9 en rescisiones anticipadas), así como por el finiquito pagado a los técnicos cuando hubo cambios de entrenador, en este caso José Luis Mendilibar y Diego Alonso. 

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