La Policía Judicial acude al estadio e inicia la investigación

Sevilla/La investigación de la Fiscalía para tratar de resolver las presuntas irregularidades de José Castro, presidente del Sevilla, avanzan y el miércoles quemó una etapa más. Después de anunciar la semana pasada que daban luz verde al inicio de los trabajos, según anunció Marca, ese día estuvieron miembros de la Policía Judicial en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán recapitulando información y ciertos documentos que pueden ser válidos con el fin de arrojar algo de luz en todo este entramado.

En el coliseo franjirrojo los atendió José María Cruz, director general de la entidad y uno de los hombres fuertes del organigrama sevillista, quien estuvo respondiendo a las distintas cuestiones presentadas por los miembros del cuerpo investigador, que tratan de clarificar si realmente el máximo mandatario sevillista cometió alguno de los tres delitos de los que se lo acusa.

Toda esta investigación nace después de que el Ministerio Fiscal haya decidido actuar tras la información aportada por Agustín Martínez, abogado y accionista del club, con la que acusa a José Castro de delitos por falsificación en documento mercantil, administración desleal y corrupción entre particulares. Y es que según Martínez, el presidente sevillista se valió de su cargo de presidente para beneficiarse en ciertas actuaciones.

Martínez relató a la Fiscalía que había recibido en su despacho un sobre cerrado con copias de documentos avaladas por el notario José María Manzano que demostraban estas irregularidades que considera graves, como la inscripción a su nombre en el libro de registros de tres acciones que pertenecían a una persona fallecida, actuar como comisionista de una empresa externa en algunas actuaciones en el estadio y utilizar su cuenta de crédito hasta más de 300.00 euros para gastos que se exceden de sus funciones como presidente.

Pese a todo, la defensa de Castro advirtió tras conocerse la investigación que es el "cauce ordinario", antes de decidir si hay indicios de delito, por lo que defiende que "no es correcto decir ha sido admitida a trámite, puesto que no ha habido querella".