La zona franca no funcionará hasta 2016, dice el Puerto

El Puerto de Sevilla anunció este martes que la zona franca de Sevilla, que tramita junto al Ayuntamiento de Sevilla en los terrenos de Torrecuéllar, no estará en funcionamiento "hasta bien entrado el año 2016" por el retraso en la ejecución del vallado perimetral del recinto. Así pues, Juan Ignacio Zoido no podrá inaugurar la zona franca para las elecciones municipales del 24 de mayo. La presidenta Carmen Castreño explicó que este retraso se debe a que las obras del vallado del recinto fiscal, de obligada ejecución para poner en marcha la zona franca, aún no han sido adjudicadas y su construcción llevará al menos un año, sostuvo. El Ministerio de Hacienda puso este requisito, entre otras condiciones, para autorizar definitivamente la zona franca antes del 31 de agosto de 2015.

El Puerto y la Cámara de Comercio, presidida por Francisco Herrero, negaron este martes que la sentencia del Supremo sobre el dragado afecte a la zona franca, pese a que los empresarios habían condicionado su instalación allí a que se ejecutara el dragado de profundización para ampliar el canal de navegación. "La zona franca tiene una vida independiente del dragado", recalcaron.

El Club Antares de Sevilla acoge este miércoles unas jornadas sobre la zona franca de Sevilla a cuya apertura asistirán como autoridades el delegado especial de Andalucía de la Agencia Estatal Tributaria, Alberto García Valera; el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño.

Con el título La Zona Franca de Sevilla: creando futuro, se hablará sobre la contribución del recinto fiscal al crecimiento y desarrollo económico de Sevilla y su entorno (a cargo del concejal Javier Landa); de las ventajas fiscales y financieras (a cargo del delegado de la Agencia Estatal Tributaria) y de los aspectos jurídicos (a cargo de jefe del área de secretaría general del Puerto, Joaquín Vera; y de la asesora jurídica del Ayuntamiento, María Sánchez Nieto); y de la inversión empresarial, por parte de los socios de Moreno Aramburu, Rafael Casado (derecho tributario) e Ignacio Albendea (derecho público).