La zona azul no acaba con los 'gorrillas'

Hace unos años, cuando comenzaba a hablarse de una ordenanza que prohibiera la práctica de pedir dinero a cambio de señalar un lugar para aparcar, en la redacción de este periódico se presentó un día una pareja de gorrillas. Querían hablar con algún periodista para transmitirle sus temores sobre los rumores que habían oído en la calle. El alcalde, por entonces Alfredo Sánchez Monteseirín, se proponía aprobar una norma con la que multar a los aparcacoches ilegales. Los gorrillas querían que alguien se hiciera eco de su situación, decían que ellos no eran de los que se molestaban si alguien no les daba dinero y que por supuesto nadie les haría nada al coche mientras ellos estuvieran por allí, que simplemente era la forma menos mala que tenían de obtener unos ingresos (entre 50 y 60 euros diarios) que les permitían pasar la noche en una pensión del centro y comer algo digno y con cierta regularidad. Sostenían que dejaban atrás un pasado marcado por las drogas, la enfermedad y unas familias completamente desestructuradas. Tenían miedo, insistían, de que si se les prohibía aparcar coches, volvieran a la más profunda marginalidad, a la delincuencia, a la cárcel y a las drogas.

Hoy, cuatro años después de que se aprobara aquel texto que terminó conociéndose como ordenanza antivandálica, se sabe que los temores de estos gorrillas eran infundados. La pareja sigue cada tarde aparcando coches en el centro y nada, absolutamente nada, ha cambiado. Como ellos, hay cientos de personas pidiendo dinero a cambio de indicar un sitio de aparcamiento en las calles de Sevilla. Cada uno con una historia detrás, de inmigración, de drogas, de desempleo... Y unos ciudadanos que padecen un problema endémico que sus gobernantes llevan décadas sin saber cómo solucionar.

Desde que Alejandro Rojas-Marcos intentara, a principios de los años noventa, atajar el asunto ordenando a la Policía Local que detuvieran a los gorrillas -una medida absurda puesto que los aparcacoches eran puestos en libertad sistemáticamente por los jueces al no haber cometido ningún delito-, cada alcalde ha intentado combatir a los aparcacoches ilegales de alguna u otra manera. Nadie ha conseguido erradicarlos y podría decirse que con los años el fenómeno ha ido incluso en aumento.

Meritorio es el esfuerzo de la Policía Local por combatir este asunto. Las multas son numerosas y las patrullas diarias también, pero ambas medidas terminan sin efecto, en la mayoría de las ocasiones por las dificultades para tramitar y notificar las denuncias a los aparcacoches, muchos de los cuales son personas sin domicilio conocido. Muchas de las multas que sí se consiguen notificar suelen ser a los miembros de la asociación PM40, los vovis, cuyo convenio de colaboración con el Ayuntamiento expiró hace años y ahora mismo también están fuera de la legalidad.

Desde la entrada en vigor de un plan especial contra los gorrillas, en junio de 2012, la Policía Local ha impuesto 13.029 denuncias contra los aparcacoches, según los datos facilitados a este periódico por el Ayuntamiento de Sevilla. Esto supone una media de unas 17 denuncias diarias. Casi la mitad de ellas corresponden al distrito Sur, donde los agentes levantaron 5.517 actas en los últimos dos años. Sur siempre ha sido la demarcación territorial más afectada por el problema de los gorrillas, debido a la numerosa presencia de aparcacoches en las inmediaciones del Hospital Virgen del Rocío, sobre todo en las calles de Bami.

Es precisamente en este barrio donde ya se está empezando a ver que la implantación de la zona azul tampoco es la solución para acabar con los gorrillas. Ya se tenía la experiencia del centro, donde los aparcacoches esperan a las horas en las que hay libertad para aparcar para exigir un dinero a cambio de un hueco para dejar el coche. A veces esto implica un doble pago, sobre todo si el aparcamiento es al mediodía, cuando la zona azul no está activa entre las dos y las cinco de la tarde. Si alguien aparca el coche en alguna calle del Arenal o de la zona de Plaza de Armas en esa franja horaria, probablemente encontrará un gorrilla que le pida dinero. Pero si necesita dejar el coche aparcado en ese lugar más allá de las cinco de la tarde también tendrá que abonar la zona azul. Esto mismo está ocurriendo ya en Bami, apenas un mes después de la implantación de la zona azul en todo el barrio.

Los vecinos aseguran que los gorrillas pasan el día en otras barriadas próximas, como Pedro Salvador, adonde muchos ciudadanos que acuden al hospital optan por aparcar para eludir la zona azul, y vuelven a Bami a partir de las ocho de la tarde, cuando termina la regulación. El problema, por tanto, está lejos de solucionarse. Más que del dinero que exigen por aparcar, que no deja de suponer una extorsión, o al menos una coacción, el frente vecinal de Bami siempre se ha quejado de otros problemas asociados a la presencia de los aparcacoches en el barrio. Uno de ellos es el aumento de la suciedad, puesto que los gorrillas suelen rebuscar cada noche entre los contenedores y esparcir la basura por las calles sin miramiento.

El segundo distrito en número de multas es Nervión, donde en los dos últimos dos años la Policía redactó 2.948 denuncias. Es otro de los barrios en los que el gobierno de Juan Ignacio Zoido ha optado por ampliar la zona azul recientemente. Tampoco aquí han desaparecido los gorrillas, simplemente se han ido moviendo a otras zonas. Tanto en Bami como en Nervión han surgido plataformas vecinales y universitarias en contra de la ampliación de la zona azul. Tras presentar quejas ante el Defensor del Pueblo Andaluz, estos colectivos tienen previsto retomar las movilizaciones a partir de septiembre.

En verano, mientras tanto, el Ayuntamiento ha suprimido la zona azul durante las tardes en el centro de la ciudad, algo que ya llevaba haciendo en el Prado de San Sebastián y en el entorno de los juzgados desde hace años. Esta medida ya ha tenido su otro efecto: decenas de gorrillas pueden verse cada tarde en calles como Reyes Católicos, San Pablo, Marqués de Paradas o Julio César, entre otras. Pese a ello, el centro es una zona mucho más cómoda para los aparcacoches, que sufren mucho menos la presión policial. En los últimos dos años, el número de multas de la Policía Local en este distrito fue de 476, lo que supone una media bastante inferior a la de una denuncia al día.

El casco antiguo es el quinto distrito en número de multas, por detrás de los ya citados de Sur y Nervión y de Macarena, que acumula 2.119 actas, y Bellavista-La Palmera, donde hay 810. En Macarena la mayoría de las multas son en el entorno del hospital y de la facultad de Odontología, otro de los lugares elegidos para la nueva zona azul. En Bellavista-La Palmera la mayoría de los gorrillas están en las zonas universitarias de Reina Mercedes y en los alrededores del estadio Benito Villamarín los días de partido.

En el resto de distritos las denuncias son mucho menores, desde las 368 de Triana (una cada dos días) hasta las 10 de Cerro Amate (una cada 75 días). Otro indicador del fenómeno de los gorrillas es el dato de las rondas o patrullas de la Policía, que no siempre acaban en multas. Desde junio de 2012, los agentes municipales han realizado 27.400 rondas, a unas 37 diarias. En este apartado gana el distrito Macarena, con 4.955.