Las VPO junto al Vacie serán 58 adosados

58 viviendas adosadas de protección oficial junto al Vacie. La Gerencia de Urbanismo ha concedido una licencia de parcelación consistente en la segregación del solar y la urbanización de los viales interiores antes de levantar unos alojamientos en régimen de alquiler tipo coliving en la calle Parque Sierra Castril, en el entorno del asentamiento chabolista, con entre el 8% y el 12% de los inmuebles destinados a casos de necesidad “excepcional”.

En el documento al que tuvo acceso este periódico, Urbanismo detalla en el anteproyecto la reurbanización de la parcela M2 calificada de servicios públicos. Emvisesa remitió a la Gerencia un escrito en el que manifestó su intención de promover en esa zona del barrio de Pino Montano 58 viviendas en un régimen especial con destino a colectivos vulnerables como las familias sin hogar, los realojos, la reinserción social y las familias con menores.

En cuanto a su estado actual, los técnicos comprobaron durante su visita a la parcela que se encuentra en buen estado de urbanización, “previendo modificaciones puntuales objeto de este anteproyecto con nuevas unidades de alumbrado y de vegetación afectadas por la intervención”. En la memoria se apunta que, como se muestra en el estudio de detalle, se produce una reordenación urbanística segregando la parcela actual en cinco nuevos parcelarios de uso SIPS. En esta intervención, dos de las nuevas parcelas (P1 y P2) se destinan a viviendas sociales, consideradas uso de Bienestar Social. La parcela P3, se destina a un edificio de usos compartidos, la parcela P4 ofrece un espacio SIPS a designar, y la parcela P5 corresponde con la parcela destinada al viario de la intervención. Sostienen que el objeto del anteproyecto de urbanización es generar un conjunto residencial destinado a promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos, mediante alojamiento y actividades “entre las que se incluyen la información, orientación y prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos como familia e infancia, tercera edad, minusválidos, minorías étnicas y otros grupos marginales”.

La propuesta pretende modificar el espacio delimitado en desuso, dándole un carácter urbano residencial donde prevalezca la movilidad peatonal y la sostenibilidad. “Un conjunto residencial autosuficiente y que promueva y posibilite el desarrollo del bienestar social de los ciudadanos. Una intervención dotada de espacios residenciales, de ocio, de estancia y de relación, donde la vegetación (existente y propuesta) tome protagonismo”.

Para ello, se modifica la parcela original de la siguiente forma: se agrupan las viviendas sociales en dos bolsas residenciales de forma estratégica, una al Norte y la otra al Este de la parcela. Estas parcelas (P1 y P2) se adaptan a la geometría de la urbanización existente, dejando dos de los lados residenciales con acceso directo desde el vial urbano existente. Para dar acceso a las viviendas interiores del conjunto, se generan dos nuevos viales paralelos a estos anteriores. Estos desarrollan un papel protagonista en la intervención. Se equipan las zonas de acerado con unas bandas de espacios reservados para la implantación de vegetación, dejando así las dos hileras o agrupaciones residenciales en una esfera o ámbito residencial alejado o desconectado del tráfico y ruido de las calzadas principales colindantes. En el punto de encuentro de las dos zonas residenciales, se encuentra el edificio destinado a usos compartidos, “potenciando y contribuyendo a la efectividad del desarrollo del bienestar social”. El presupuesto supera los 1,1 millones.

Con este paso, el Ayuntamiento de Sevilla recupera la parcela cedida a la Junta de Andalucía hace 18 años tras su rechazo a construir el nuevo edificio para el Instituto de Medicina Legal, que irá finalmente en la Ciudad de la Justicia. El director general de Patrimonio incoó expediente administrativo para que se iniciasen las actuaciones correspondientes a los efectos de proceder a la resolución de la concesión demanial y su reversión de la parcela de titularidad municipal por el incumplimiento del fin por el que se le otorgó esa concesión a la Junta tras el acuerdo de la junta de gobierno del 26 de enero de 2006.

Antes de finalizar el 2023, el gobierno local inició el expediente, siendo requerida la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para que en un plazo de diez días alegara a lo que a su derecho estimara oportuno. Con fecha de 19 de enero de 2024 y dentro de plazo, se reciben las alegaciones, en las que la Junta constata su incumplimiento del fin por el cual se le cedió la parcela en cuestión y manifiesta su conformidad a la reversión planteada.